Luz verde al proyecto Abra Industrial tras permanecer tres años paralizado

La Diputación de Vizcaya dio ayer luz verde al proyecto Abra Industrial, consistente en la urbanización de 360.000 metros cuadrados para uso industrial, después de tres años de permanecer paralizado. La decisión supone un respiro para el plan de revitalización de la Margen Izquierda, puesto en marcha hace un año y cuyo desarrollo se ha visto frenado por el insuficiente suelo preparado para la implantación de empresas. El Consejo de Gobierno aprobó una resolución en la que se recogen las exigencias medioambientales defendidas por el Ejecutivo vasco, como la recuperación de la zona cercana a la mina Concha Segunda y otra área junto al barrio de Gallarta, en el municipio de Abanto. El área que se recalificará -tanto para suelo industrial como servicios- totalizará 69 hectáreas, tras el acuerdo llegado también con el departamento de Medio Ambiente del Ejecutivo autónomo sobre la superficie en que se actúe. Los terrenos, que pertenecen a las localidades de Abanto y Ortuella, se consideran vitales para la industrialización de una zona que cuenta con un paro del 26%. El consejero de Medio Ambiente, Patxi Ormazabal, había solicitado un desarrollo industrial "con garantías" y sin "caer en los mismos pecados de la época del desarrollismo industrial". "Nuestra postura siempre ha sido la de promocionar los suelos industriales, pero compaginando su uso con el respeto al medio ambiente". De esta forma, el acuerdo adoptado ayer establece la calificación como "sistema de espacios libres" de un área de 30 metros de anchura "en torno a la Mina Concha Segunda y otra de 100 metros en torno al núcleo de Gallarta. Se incorporará, como ámbito a recuperar paisajísticamente, los terrenos de Abra Industrial colindantes con el barrio de Bañales". Tras la recalificación del suelo, queda pendiente el acuerdo entre los tres socios de Abra Industrial: el Ministerio de Industria, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI); el Gobierno vasco, por medio de la SPRI (Sociedad para la Promoción y Reconversión Industrial) y la empresa privada Gamesa. Todos ellos discuten el traspaso de la sociedad a manos de la SEPI pero el consenso se topa con dificultades. Mientras el Gobierno vasco cede su 21% del capital por 161 millones, el precio que pagó al entrar en la sociedad, Gamesa solicita para su 40,5% una rentabilidad equivalente al Mibor más un punto. El Ministerio de Industria tiene previsto invertir 2.500 millones en cuanto se haga con el control de los terrenos, para urbanizarlos y ponerlos a la venta. Los planes originales contemplaban sacar un tercio del área en 1999, un objetivo que se presenta improbable, otro tercio en 2000 y el resto al año siguiente.