El Estado pagará con intereses a 5.270 afectados de Tous al no respetar el plazo fijado por el juez
Una espera de 15 años bien puede justificar otra de algunos meses. Esa debe ser la opinión del Gobierno, que pagará, en representación del Estado, 11.125 millones de pesetas a 5.270 perjudicados por el derrumbamiento de la presa de Tous con el gravamen del tipo de interés legal vigente. La Audiencia de Valencia, instancia que marcó las cantidades a pagar a los perjudicados por la pantanada que agotaron la vía judicial, dio al Estado un plazo de tres meses para abonar las compensaciones. En caso contrario, tal como ha sucedido, los pagos se han de afrontar con intereses.
El auto de ejecucion de la sentencia del caso Tous, hecho público el pasado 27 de febrero por la Audiencia de Valencia, vino a cerrar el eterno proceso provocado por la famosa pantanada, el procedimiento judicial abierto hace ya 15 años, poco después del 20 de octubre de 1982, cuando el derrumbamiento de la presa de esa localidad segó la vida de ocho personas y provocó destrozos de miles de millones de pesetas en 32 localidadades de las comarcas de La Ribera, La Costera y L"Horta. El auto no sólo daba carpetazo a un proceso prácticamente concluido tras la celebración de cuatro juicios, sino que venía a fijar las cantidades con las que el Estado, como responsable civil subsidiario, debía compensar a 5.270 de los cerca de 33.000 perjudicados por la pantanada. La Audiencia marcó una indemnización global de 11.125 millones de pesetas, decidió dejar fuera de estas cantidades a los 28.000 perjudicados que se acogieron a las ayudas ofrecidas por el Gobierno en sendos decretos-ley y, para evitar la dilación en los pagos, concedió un plazo de tres meses al Estado para hacer efectivas las indemnizaciones. Pasado éste, las compensaciones se deben pagar con el sobrecoste marcado por el tipo de interés legal vigente, el 4,25%. Los tres meses han expirado y el Ejecutivo no ha pagado ni un duro. Tampoco ha anunciado cuando va a hacerlo, si bien es cierto que la decisión del tribunal, presidido por el magistrado Juan Luis de la Rua, no establecía la obligación de abonar las indemnizaciones en ese ni en ningún otro plazo, aunque marcaba ese término tanto para salvaguardar los derechos de los ciudadanos que recibirán las compensaciones como para dar un marco de referencia al Estado. Por ello, no parecería lógico que se prorrogaran en exceso los pagos de una catástrofe ocurrida hace década y media. Esa es la opinión de Amadeo Pérez, uno de los letrados de Afiva y Apemeda, las dos asociaciones de damnificados cuyos componentes, en su mayor parte, renunciaron a las compensaciones del gobierno para reivindicar sus derechos por la vía judicial: "La notificación del auto de ejecución de la sentencia se hizo el 27 de febrero. Y la resolución es clara: Da tres meses, a partir de esa fecha, para que el Estado abone las indemnizaciones marcadas sin intereses. El plazo ha finalizado y, en buena lógica, los pagos se han de afrontar con intereses y entendemos en que pocas semanas". Pérez asegura que, de manera inminente, realizarán "alguna iniciativa para apremiar al Estado a cumplir con su papel de responsable civil subsidiario" por la catástrofe. El delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Carlos González Cepeda, reconoció ayer, en el transcurso de una reunión con los alcaldes de los municipios de la Ribera, la voluntad del Ejecutivo presidido por José María Aznar de hacer frente al pago de los intereses de demora en la liquidación de las indemnizaciones. No obstante, y pese a que han transcurrido ya 90 días desde la notificación del auto que obliga a hacer efectivas las compensaciones, González Cepeda reconoció que el Estado no ha habilitado aún la partida presupuestaria necesaria para hacer frente a los 11.000 millones que se deben abonar. Consorcio de Compensación El delegado del Gobierno también ratificó la postura del Gobierno de no extender la cuantía de las indemnizaciones fijadas por la Audiencia a los cerca de 28.000 afectados que se acogieron a las ayudas del gobierno. 40.000 millones tienen la culpa, la cantidad que, según los cálculos del Ejecutivo, sería necesaria para equiparar las compensaciones que recibirán los perjudicados que agotaron la vía judicial con las ya percibidas por el resto. Mientras, fuentes del Consorcio de Compensación de Seguros aseguran que esta institución, dependiente del Estado, "no solicitará la devolución de ninguna de las cantidades pagadas en su día con motivo de las inundaciones de 1982", por lo que renuncia al derecho que le reconoció la Audiencia de Valencia. El Consorcio, que aún no ha hecho pública su decisión, entiende que las indemnizaciones satisfechas en su día se hicieron efectivas por el devastador efecto de las lluvias torrenciales de aquellos días, no por el desastre causado por el derrumbamiento de la presa.
