Un goteo de amenazas pretende amedrentar a los diputados y cargos locales del PP en Cataluña
Parece que se trata de hechos aislados, pero lo cierto es que la cantidad de amenazas telefónicas, por carta, mediante pasquines y pintadas en las paredes lanzadas contra militantes y cargos públicos del Partido Popular (PP) en Cataluña es ya más que notable. Sin contar las pedradas o cócteles mólotov lanzados contra sedes locales del partido. En los últimos meses, un goteo irregular de amenazas pretende amedrentar a miembros del partido conservador y a algunos de los afectados les parece indudable que el modelo que imitan los autores de estos actos es el de Jarrai, la organización juvenil de Herri Batasuna. Pero el efecto no es el mismo, asegura Rafael Luna, secretario general del PP catalán, "porque afortunadamente aquí no hay una ETA detrás de ellos". Aunque también hay amenazas de muerte.
En el último medio año ha habido amenazas de variado tipo en, por lo menos, Lleida (contra los diputados José Ignacio Llorens, Pilar Arnalot y Josep Maria Fabregat), Granollers (contra la concejal Cristina Tarrés), Valls (contra el presidente comarcal del partido, Jordi Cartañá), Reus (contra el concejal Ángel López Mayol), Girona (contra la presidenta de Nuevas Generaciones, Concepció Veray), Berga (contra el diputado Jacint Vilardaga), Ripoll (contra el concejal Manuel Belda) y Barcelona. O sea, que no es poca cosa. Pero a ellos hay que añadir acciones como el envío por correo de cartas intimidatorias a todos los diputados el día del debate de la ley del catalán en el Parlament. Y otros envíos, como, por ejemplo, el de una camiseta manchada de rojo a la sede regional del partido. O el de una amenaza remitida a la misma sede por e-mail desde Vic. Si no es una campaña sistemática, como aceptan los afectados y la dirección del partido, las consecuencias pueden ser las mismas. Vilardaga, diputado y ex concejal en Berga, atribuye esa presión a que en medios con fuerte implantación nacionalista "proliferan grupos juveniles radicales y exaltados". Pero añade que, como se está viendo en Ripoll, "luego cuesta mucho hacer listas del PP en estos municipios". Su opinión es que hay que atajar este goteo porque por mucho que para no crear alarmismo se hable de hechos aislados, acaban teniendo consecuencias políticas. El caso de Ripoll es paradigmático. Quien recibía las amenazas de muerte contra el concejal Belda era su esposa. La mujer estaba aterrorizada porque asimilaba su situación a la existente en el País Vasco. Tuvo que someterse a tratamiento psicológico. Pero la familia no podía soportar la presión. El concejal dimitió. Pero luego costó lo suyo hallarle sustituto. Los elementos más reiterados son la exigencia de que el amenazado se vaya de Cataluña y la acusación de anticatalán, explica Fabregat. En otros casos la acusación es la de ser fascista. En algunos hay pintadas en paredes con el nombre del aludido en el centro de una diana. En el PP causó anteayer una satisfacción general que la policía detuviera al presunto autor de las amenazas contra Concepció Veray en Girona. Se trata de Celi Pérez, que ayer fue dejado en libertad sin fianza por el juez. Se le imputa un delito de amenazas, que en caso de considerarse grave podría acarrear penas que van de uno a cuatro años de cárcel. Es un vecino de Girona de 37 años, en paro, muy vinculado a movimientos alternativos. No se le conocen acciones violentas de ningún tipo y negó ante el juez ser el autor de las llamadas. La policía había intervenido la línea telefónica de la sede del PP en la ciudad. Últimamente se habían realizado dos amenazas diarias, informa Gerard Bagué.
