Hacia la arcadia judicial

Recientemente, una declaración del vocal del Consejo General del Poder Judicial designado portavoz, ha vuelto a avivar una antigua polémica en torno a determinados tipos penales como el desacato. Con las posteriores matizaciones, en tanto que, al parecer, lo que se quiso expresar no era otra cosa que la necesidad de otorgar una mayor protección a los jueces y magistrados en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales frente a indiscriminados ataque de partes, directamente o a través de otras sutiles manifestaciones, que perturben su independencia e imparcialidad, este hecho viene a poner una vez más de manifiesto el indudable protagonismo que en la sociedad posee la justicia y quienes la ejercen.Estamos en presencia, no cabe duda, de un fenómeno propio y que constituye hoy por hoy una preocuante realidad. Con la virulencia que se da en nuestra patria, no existe en los demás países política y socialmente semejantes a nosotros, con la excepción de Italia, donde sucede algo similar, si bien con otras connotaciones.

Este hecho aislado podría servir para de él transcender a otras cuestiones que indudablemente afectan al Poder Judicial y a la justicia en general. Acaba de presentarse el Libro Blanco de la justicia, elaborado con meritorio esfuerzo por el actual CGPJ. La mayor de las virtudes de ese inicial instrumento para una ulterior reforma de la justicia ha sido la transparencia y la pluralidad con que se ha realizado. Es el resultado de numerosas opiniones de cuantos tienen algo que decir sobre esta cuestión. Pero lo que en él se establece es un diagnóstico de los males que nos aquejan y no el catálogo de soluciones que se necesitan. En cualquier caso, es un primer paso importante para comenzar a abrir el camino que entre todos, sociedad, partidos políticos, medios de comunicación, ciudadanos y quienes desde todos los ámbitos tenemos algo que ver con la justicia debemos recorrer en la búsqueda de soluciones.

Las cuestiones que nos afectan tienen transcendencia suficiente como para que entre todos se realicen los esfuerzos necesarios para alcanzar las mayores cotas de acuerdo. Ahora bien, alcanzados esos niveles, sigue siendo legítimo mantener con firmeza y desde el respeto a las opiniones de los demás las posiciones tradicionales sobre cuestiones concretas de las que no se puede abdicar.

Y es que el Libro Blanco, al que hay que reconocer méritos y aciertos, como toda obra humana no es perfecto y contiene errores y omisiones. Desde este punto de vista, bueno será recordar que en su contenido soslaya una cuestión tan transcendental como evidente, como es la politización de la justicia. Su manifestación más grosera y que el ciudadano percibe con mayor nitidez es la relativa a la composición del CGPJ, órgano constitucional del gobierno autónomo de los jueces, que por mor de una famosa enmienda a la Ley Orgánica del Poder Judicial vigente desnaturalizó al mismo privándole de la legitimación que el poder constituyente le había otorgado. En tanto esa originaria naturaleza no se restablezca, haciendo que los jueces y magistrados, no las asociaciones judiciales como interesadamente se afirma, recobren su derecho inalienable, constitucionalmente reconocido, a elegir por sufragio universal, libre, directo y secreto a sus doce representantes en el Consejo, no comenzarán a recuperarse los niveles de independencia que el Poder Judicial necesita en relación con los poderes legislativo y ejecutivo. Y ello sin perjuicio de que en la ley reguladora se puedan Introducir los criterios de corrección electoral que se consideren necesarios para impedir mayorías que silencien las opiniones minoritarias, igualmente respetables. De este modo se corregiría ese estigma con el que nacen los sucesivos Consejos y que determina que en su seno se produzcan situaciones no deseables que reproducen miméticamente la correlación de fuerzas parlamentarias. Recuperar para el Consejo esa legitimidad y reivindicar desde él cuotas de autonomía, piénsese en la necesidad de elaborar su anteproyecto de presupuesto, sería un primer paso para solventar los graves problemas que nos aquejan. Y para eso no se necesita otra cosa que la necesaria voluntad de los partidos políticos de hacerlo posible.

Junto a lo anterior, un segundo problema acuciante para la justicia es el de la pérdida de la confianza de los ciudadanos a los que sirve. Una sociedad que no cree en la honradez, independencia e imparcialidad de sus jueces o está agonizante o se le está equivocando, manipulando su opinión. Con independencia de gravísimos incidentes recientes y pasados, algunos ofrecidos desde el propio Consejo en sus distintas etapas, y de la existencia de los jueces de pasarela, hay casos importantes, no jueces estelares, pero que no pasan de ser lamentables y cuya corrección debe buscarse por la vía disciplinaria o penal según los casos, nadie con un mínimo de sensatez y buena fe puede negar a los jueces españoles, y por extensión a cuantos se afanan en el servicio de la Administración de justicia, el estar en posesión de esas condiciones antes mencionadas. El juez español responde al modelo constitucional que defendemos y que no es otro que el del juez independiente frente a todos, imparcial y técnicamente formado y preparado para dar respuesta a los conflictos de intereses de todo tipo que una sociedad moderna plantea.

Luego si esto es así, y así es, habrá que afirmar que las encuestas se equivocan y la sociedad y cuantos en ella tienen alguna responsabilidad, y los primeros los jueces con comportamientos dignos y adecuados a la transcendencia de la misión constitucional de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado que tienen encomendada, deberá favorecer el necesario clima de respeto a las decisiones judiciales que un grupo social cohesionado y moderno exige e impone.

Solventados estos dos gravísimos escollos, hora será de pensar en la solución del resto de los problemas que nos agreden. Falta de planificación orgánica, necesidad de reformas procesales, adecuada selección y formación continuada de los jueces, colaboración de las administraciones públicas, más medios materiales... Ése es el papel del Libro Blanco, que habrá de constituir la referencia obligada para acometer esas reformas necesarias. Pero se trata de un medio y no de un fin. En su desarrollo estaremos comprometidos y al lado de cuantos colaboran en el empeño, pero reivindicando lo esencial, sin lo cual lo instrumental carece de razón de ser.