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El padre de una de las niñas de Alcásser rebaja a 9 años la petición para Ricart

El abogado de Fernando García, padre de Miriam, una de las víctimas del caso Alcásser, retiró ayer la petición de 212 años de cárcel para Miguel Ricart por el triple crimen y pidió sólo nueve por encubrir los asesinatos, al mismo tiempo que pretende la anulación del juicio. El fiscal y las acciones populares, por el contrario, introdujeron cambios mínimos y solicitan, respectivamente, 200 y 245 años de cárcel para el reo como autor y cooperador necesario en el rapto, violación y asesinato de las tres, niñas.

El letrado de la familia de Antonia Gómez cree a Ricart cómplice del triple crimen y pide 84 años de cárcel.El cambio de conclusiones de Fernando García no supuso ninguna sorpresa. El padre de Miriam lleva meses afirmando que Ricart es supuestamente un simple enterrador que actuó para uña trama de personas no identificadas. Sus abogados y los de Fernando Gómez, padre de otra víctima, han mantenido una misma línea de actuación, centrada en el intento de demostrar supuestas irregularidades en la investigación y en peticiones de suspensión para revisarla. Al inicio del juicio apoyaron la petición de la defensa de anular las auto inculpaciones de Ricart por haberse hechobajo supuestas torturas.

Ambos partieron de la misma petición de 212 años de cárcel para Ricart, pero ayer optaron por presentar escritos distintos que, en realidad, suponen una especie de reparto de papeles en apoyo de la misma postura. Así, el abogado de García afirma que la autoría de Ricart no ha quedado probada, pero sí tiene clara la participación del prófugo Antonio Anglés.

El abogado de Gómez tampoco considera a Ricart autor de los crímenes, pero eleva su participación a la de cómplice y solicita 84 años de prisión. Su escrito introduce la tesis del doble enterramiento, defendida sólo por el perito de las familias, el forense Luis Frontela. La responsabilidad de que no se haya podido detener a los "verdaderos autores", según el escrito, se debería "a la falta de profesionalidad" de la Guardia Civil, el juez de instrucción y los forenses, contra los que se pide la deducción de testimonio para proceder a una investigación judicial. García ya denunció a la Guardia Civil y al juez por supuesta falsedad, pero todas sus querellas fueron archivadas.

El fiscal y las acciones populares, en nombre de la Asociación Clara Campoamor y organizaciones de mujeres de la Comunidad Valenciana, reiteran que Ricart, junto a Anglés -y tal vez personas no identificadas, según las acciones populares-, raptaron a las niñas y las condujeron a una caseta de La Romana. Allí las golpearon y violaron brutalmente antes de matarlas junto a la fosa cercana a la casa.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 22 de julio de 1997

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