La inspección apreció una "insubordinación" de los fiscales de la Audiencia Nacional contra su jefe

La inspección del ministerio fiscal que investigó a la Fiscalía de la Audiencia Nacional en octubre y noviembre de 1996 apreció una "situación de insubordinación de una parte de la plantilla" traducida en "ocultación al jefe de actuaciones de gran trascendencia, in disciplina, desobediencias y faltas de respeto al superior" según una carta elevada en noviembre de 1996 al fiscal general del Estado, Juan Cesáreo Ortiz Úrculo, por el jefe de la inspección, Juan José Martínez Zato. El escrito -que se recoge íntegramente en esta página- se adjunta al informe sobre las presuntas irregularidades halladas. Ortiz Úrculo, que, contrariamente a lo indicado por la Inspección Fiscal, decidió el 9 de enero destituir a José Aranda como fiscal jefe de la Audiencia, informará mañana del resultado de los expedientes disciplinarios abiertos a los fiscales "insubordinados".

La Inspección Fiscal apreció que la situación de la Fiscalía de la Audiencia Nacional se había ido "degradando progresivamente" por la conducta del grupo de cuatro fiscales, para los que propuso expedientes disciplinarios y de traslado forzoso en el caso de Ignacio Gordillo y de María Dolores Márquez de Prado.Cuatro meses después de la apertura de los expedientes propuestos por la Inspección, el fiscal del Estado, Ortiz Úrculo, informará mañana al Consejo Fiscal del resultado de los expedientes disciplinarios y escuchará el parecer de éste respecto a los dos traslados forzosos propuestos. Las sanciones propuestas por los instructores de los expedientes, en todos los casos por faltas muy graves de indignidad en la función fiscal, son de seis meses de suspensión de empleo y sueldo para Ignacio Gordillo -dos sanciones de tres meses cada una-, tres meses para Pedro Rubira, y un mes para María Dolores Márquez de Prado y Eduardo Fungairiño.

Además de las "patentes y graves" disidencias imputables a estos cuatro fiscales, el jefe de la Inspección, Martínez Zato, constató que " en ocasiones" pudo haber una crisis de autoridad en la Fiscalía, pero, "a fuer de ser objetivos", señala que Aranda tenía a parte de su plantilla "enfrentada abiertamente" a su persona y no obtuvo ayuda del anterior fiscal general, Carlos Granados, al que pidió ayuda por escrito en varias ocasiones.

Por ello, Aranda no pudo "desempeñar su cometido en la forma debida y exigible", según las conclusiones de Zato. Pese a ello, Úrculo le destituyó fulminantemente.

Fuentes de diversos sectores del ministerio fiscal consultados por este periódico dudan de que el fiscal jefe en funciones, Eduardo Fungairiño, sea finalmente sancionado. Fungairiño aprovechó el descalabro de Úrculo en su intento de nombrar fiscal jefe de la Audiencia Nacional a Luis Poyatos para echarle un órdago al fiscal general. Así, amenazó con no volver a presentar su candidatura a la jefatura de la fiscalía mientras estuviera expedientado, y menos aún en el caso de ser sancionado.El pasado 9 de marzo, Úrculo, que tres meses después de defenestrar a Aranda no ha sido capaz de encontrar otros candidatos que Poyatos -ya descalificado- o Fungairiño, tuvo que desconvocar a toda prisa un consejo fiscal convocado 24 horas antes. Ahora está ante la tesitura de tener que dejar vacante indefinidamente la jefatura de la Fiscalía de la Audiencia Nacional o acabar nombrando fiscal jefe a Fungairiño, el jefe de los "insubordinados".

Segunda solución

Esta segunda solución es la que, salvo sorpresas, en la carrera fiscal se da como irremediable. Así, de su actual condición de sospechoso de conducta indigna por ocultación de un informe policial a un juez, Fungairiño sería propulsado a la categoría de fiscal de Sala del Supremo -el generalato de la carrera fiscal, requisito para desempeñar la jefatura- e investido fiscal jefe de la Audiencia en sustitución de Aranda.Esta situación, según las citadas fuentes, podría quedar compensada con los traslados forzosos de Gordillo y Márquez de Prado, ya que las sanciones de suspensión de empleo y sueldo, además de ser mínimas salvo en el caso de Gordillo, son más difíciles de aplicar.

El Consejo Fiscal debe ser oído sobre los expedientes de traslado forzoso, medida que, caso de llevarse a cabo, podría dar un vuelco a la situación, ya que quizás anime a alguno de los fiscales contactados por Ortiz Úrculo -pero renuentes a presentar su candidatura en las actuales condiciones- a plantarse la jefatura de la Audiencia.