"Degradación progresiva"

La Inspección Fiscal, enviada por el Fiscal General del Estado, Juan Ortiz Úrculo, con el indisimulado propósito de buscar un pretexto para destituir al fiscal jefe de la Audiencia Nacional, José Aranda, encontró una situación de "degradación progresiva" que constató en conductas como la desobediencia del fiscal Ignacio Gordillo a la orden escrita de Aranda para que suspendiera la presencia de alumnos de un master en la fiscalía, o la presunta utilización de alumnos en la confección de dictámenes de acusación. Esta última conducta también le fue imputada al fiscal Pedro Rubira.La Inspección también propuso expedientar a Eduardo Fungairiño y a María Dolores Márquez de Prado por ocultar al juez y a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional un informe pericial sobre las huellas del atentado contra José Maña Aznar, negativo respecto a un etarra cuyo procesamiento reclamaron durante meses. La Inspección propuso que "con urgencia" se relevase a la fiscal Márquez de Prado del caso Aznar, sin que conste que dicho relevo se haya efectuado.

Respecto a las graves disidencias con Aranda, que motivaron los expedientes de traslado forzoso, fuentes fiscales recordaron ayer que la fiscal Márquez de Prado las ha tenido también con el juez Ismael Moreno por la inadmisión de la querella del Gobierno contra Amedo; con el juez Manuel García-Castellón por el sumario del atentado contra Aznar, y con la Sala de lo Penal por la sentencia del helicóptero, en la que un comando que preparaba una fuga de prisión por ese método fue absuelto ante la falta de calificación alternativa por parte de la fiscal.

Márquez de Prado se ha enfrentado, además, con prácticamente todos los abogados de Herri Batasuna que defienden a terroristas de ETA, pero también con los de la Asociación de Víctimas del Terrorismo.