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"Suprimir la Audiencia Nacional alegraría a ETA"

Defiende la Audiencia Nacional y avisa de la alegría que su disolución, pedida por algunos, produciría a ETA y a los narcotraficantes. No entra en detalles sobre la guerra entre los fiscales, pero afirma que preocupa a los magistrados que trabajan con ellos.

A punto de cumplir los 63 años, casado, con tres hijos y dos nietos, Clemente Auger está en el centro de la ola judicial,. porque preside la Audiencia Nacional, también llamada la casa de los líos. En la casa -hoy remozada- en la que sigue viviendo se fundó hace 24 años Justicia Democrática. Durante el franquismo, a Clemente Auger se le consideró no idóneo para algunos destinos judiciales y, ya en democracia, políticos con los que podía suponérsele una sintonía ideológica desconfiaron de su insobornable independencia y libertad de criterio, y fue sucesivamente excluido para cargos como el de magistrado del Tribunal Constitucional, aunque contaba con el apoyo incluso de la derecha. Algunos compañeros de Auger le consideran demasiado pasivo respecto a la conflictividad de la Audiencia Nacional.

Pregunta. Desde 1992, gobierna usted el portaaviones de la Audiencia Nacional. ¿Se siente desorientado o fuera del rumbo del poder judicial?

Respuesta. Las imágenes navales son tan tópicamente utilizadas como inútiles para percibir realidades complejas. La Audiencia Nacional está incardinada, no sólo constitucional y legalmente, sino en la práctica judicial diaria, en todo el sistema judicial, bajo el control casacional de las salas de lo penal, lo contencioso- administrativo y lo social del Tribunal Supremo.

P. Hay quien le ve. a usted demasiado ausente o pasivo en el conflicto.

R. Mi papel, en cuanto representante institucional de un tribunal, me obliga a dos cosas: a no enfrentarme a otros poderes del Estado y a no penetrar en las decisiones jurisdiccionales de cada uno de los miembros del tribunal. Distinto es que la actual situación esté, como lo está, vivida por mí con preocupación y con toda la información posible.

P. Pero Federico Trillo [presid, del Congreso] y Juan Alberto Belloch [diputado socialista y ex ministro de Justicia e Interior] han hecho críticas muy graves al funcionamiento de la Audiencia Nacional.

R. Insisto en que, para no discutir, tengo muy en cuenta la exigencia constitucional de la división de poderes y los usos democráticos de cortesía pública. Además, me sentiría ruborizado si penetrara en las disputas internas de dos partidos, determinantes de estas declaraciones, dirtigidas a sus compañeros de familia y no a los de la familia contraria. Y respecto a los desmanes contra los jueces y magistrados, hay que recordar a Ortega: "O se habla con rigor, o se hace literatura, o se calla uno". Los opinantes a que usted se refiere no han elegido ninguna de las tres posibilidades.

P. También se atribuye a Vicente Gimeno Sendra la opinión de que la Audiencia Nacional no es eficaz.

R. No creo posible que un magistrado del Tribunal Constitucional haya podido pensar, y menos decir, semejante disparate.

P. Hay quien llega a pedir la disolución de la Audiencia Nacional. ¿Qué significaría esa medida?

R. Una buena noticia para el cartel de Cali, la dirección de ETA, los caballeros de industria y los mercaderes del derecho.

P. ¿Se ha creado en la Audiencia un grupo de jueces y fiscales que han pretendido extrapolar la operación italiana Manos Limpias?

R. No. En cuanto a los jueces, su actuación se caracteriza por la particularidad de cada uno en sus investigaciones, controladas y muchas veces corregidas por las secciones, sin coordinación alguna entre ellos. Los fiscales trabajan bajo orden jerárquico y en ese trabajo se observa una prevalencia absoluta en el tratamiento del terrorismo y dos casos aislados, el caso Banesto y el caso GAL, tratados por imperativo de competencia legal. Esta descripción, que es la que corresponde a la realidad, aleja de cualquier semejanza con la actuación de los fiscales de Milán, en una persecución conjunta de la corrupción generalizada de la clase política e industrial que alcanza a más de 3.000 personas.

P. ¿Entonces, no existe el peligro de un Antonio Di Pietro?

R. Una cosa es la persecución mediática que pueda producirse en España sobre algún magistrado o fiscal y otra muy distinta que produzca esta percepción los efectos que produjo la percepción sobre Di Pietro. Estos efectos, hasta la fecha, en Italia no han sido otros que la posibilidad, hasta entonces inexistente allí, de la alternancia política, entrando en el poder por primera, vez desde la posguerra con un Gobierno de centro izquierda.

P. Pero al menos hay grupos de amigos dentro de la Audiencia. ¿Son jurídicamente operativos?

R. No he reflexionado sobre las consecuencias jurídicas producidas por el café de la mañana, en el que no participo.

P. ¿Cree correcta la herramienta procesal utilizada por el juez Gómez de Liaño, al llamar a declarar al fiscal jefe Aranda?

R. Tengo muchas dudas sobre dos aspectos de esa diligencia: sobre su posibilidad legal y sobre su oportunidad. Ninguna sobre la atribución que puede tener el juez de instrucción al acordarla, y absoluta tranquilidad por el funcionamiento del control jurídico que significan los recursos, cuya interposición cautelar ha suspendido la diligencia y cuya decisión final me ilustrará sobre mis dudas.

P. ¿Pueden situarse en plano de igualdad las iniciativas de Ortiz úrculo contra Aranda y contra los otros cuatro fiscales?

R. No me puedo pronunciar sobre ninguna actuación del Ministerio Fiscal. Tampoco puedo ocultar que institución tan distinta y tan cercana, al estar circunstancialmente en entredicho, determina inquietud en los magistrados que con ellos trabajan.

P. La declaración institucional del Consejo General del Poder Judicial, ¿le deja completamente satisfecho?

R. El Consejo ha cumplido de forma particularmentem acertada su función constitucional en tres aspectos: al deshacer los intentos de deslegitimación de un tribunal, al señalar que del proceso penal no están exentas las personas que hayan incurrido en ilegalidades, por poderosas que sean, y al establecer para jueces y magistrados un referente cultural para el racional ejercicio de sus funciones.

P. No parece que Siro García vaya a abandonar su decisión de dimitir, a pesar de tal declaración.

R. Su decisión de renunciar a continuar como presidente de la Sala de lo Penal proviene de su psicológica imposibilidad para aguantar las ofensas y disparates que sobre el ejercicio de la función jurisdiccional en la Audiencia Nacional ha oído. Cada uno reacciona según su particular entender, y a ellos hay que atenerse.

P. Obviamente usted defiende al tribunal que preside. ¿No le ve defectos?

R. Cuando reflexiono con un compañero casi todos los días sobre la pregunta que me hace, sobre los defectos, él cita a San Agustín, que decía: "Si me miro, no me considero; pero si me comparo, ya es otra cosa".

P. ¿Es partidario de que se cambie el sistema de acceso, que ahora es por mera antigüedad?

R. Dentro de la necesaria reforma de la ley orgánica del Poder Judicial, puede ser oportuno que se introduzca la exigencia objetiva de experiencia profesional en la jurisdicción penal, tanto para la instrucción como para el enjuiciamiento, sin llegar a la discrecionalidad en los nombramientos. Tal discrecionalidad podría determinar que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, que hoy admite y elogia a la Audiencia Nacional, pudiera considerarlo un tribunal especial, y no como lo que es: un tribunal especializado. No hay que olvidar que los presidentes de sala se nombran discrecionalmente por el CGPJ entre magistrados del Supremo o mediante la promoción a esa categoría.

P. ¿Qué otras medidas pueden solucionar la Audiencia?

R. Las que inmediatamente se van a poner en marcha, propuestas en la última Memoria y ya aprobadas por el CGPJ: creación de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal, aumento de la plantilla en 16 magistrados más en la Sala de lo Contencioso Administrativo y asignación de peritos contables y auditores, dependientes de los diferentes órganos del tribunal.

P. ¿Para qué sirven esas investigaciones intrépidas y trepidantes de algunos jueces centrales de instrucción, si luego se quedan en muy poco, como en el caso Nécora?

R. El caso Nécora es una consecuencia no caprichosa de una investigación determinada, sino de la complejidad de las redes del narcotráfico. Es mucho más importante señalar. la duración del juicio oral, de varios meses, y comparar la sentencia que terminó este juicio con la del Supremo que parcialmente la corrige. Y advertir la dificultad que puede existir para prever las evoluciones de la jurisprudencia en materia de exigencias garantistas.

P. ¿No cree que en la Audiencia algunos jueces usan la libertad como moneda de cambio para obtener confesiones?

R. No lo creo, y el control jurídico a través de los recursos se ha hecho sin asomo de corporativismo.

P. ¿Qué relación existe entre las actuales críticas a la Audiencia Nacional y la investigación sobre los GAL y Banesto?

R. Las críticas aparecen desde que se investigan delitos de los GAL y el caso Banesto. Las críticas no tienen otro significado que una deslegitimación del tribunal, que implica forzosamente un ataque a todo el poder judicial.

P. ¿Cree que desde dentro o desde fuera de la Audiencia se pretende dinamitar la tramitación de estos casos?

R. Al ocurrir por primera vez en la historia de España que hombres de negocios y hombres políticos importantes se encuentren incursos en procesos penales, su capacidad de reclamación se produce en dos dimensiones: con todas las maniobras procesales que los resquicios de la ley permiten y con una constante deslegitimación pública de los jueces a los que, por azar, les ha tocado tan ingrata tarea.

P. ¿Considera que el juez Moreiras es una víctima suya?

R. No he intervenido ni en la iniciación del expediente disciplinario ni en informe alguno en este expediente. Su sanción corresponde también al ejercicio constitucional de la función disciplinaria encomendada al CGPJ. Como cualquier otro ciudadano puede defenderse del mismo a través del control jurisdiccional que del CGPJ hace la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

P. Las críticas a la Audiencia proceden de personalidades socialistas que no la cambiaron en sus 13 años de poder, pero también de la derecha, que la defendió en su origen. ¿Cómo se explica eso?

R. El corporativismo de la clase política supera la pertenencia a uno u otro partido y la tentación de defenderse ante la posibilidad de cualquier control jurídico que les resulte irresistible.

P. Desde la derecha judicial se receta como medicina prioritaria para los males de la justicia, incluida la Audiencia, la elección de 12 vocales del CGPJ por los jueces y magistrados y se demoniza la elección parlamentaria que usted apoyó en 1985.

R. No entiendo qué mediación puede existir entre la configuración de la Audiencia Nacional y la adopción de uno u otro sistema de elección de los miembros del CGPJ.

P. ¿Usted se siente comprometido con la izquierda?

R. No. Me siento comprometido con la Constitución y la democracia tomada en serio, y mi condición de magistrado me exige constitucionalmente una razonable distancia de la política partidaria.

P. ¿Cree que el estado de derecho ha resultado beneficiado por el paso del PSOE por el poder?

R. La construcción del Estado de derecho exige largos periodos de aprendizaje de cultura democrática. Abstracción hecha de los comportamientos que el poder forzosamente produce, no creo que haya habido retroceso esencial alguno, sino más bien lo contrario, pues el conflicto o la tensión entre la magistratura y las cúpulas de los partidos es señal de ello, no de lo contrario.

P. ¿Se considera tratado con lealtad por los amigos políticos que le atribuyen?

R. Estoy satisfecho, por ellos y por mí, de que no haya habido en mi vida profesional asomo de clientelismo alguno. Las críticas a la Audiencia Nacional aparecen desde que se investigan los GAL y el 'caso Banesto' y no tienen otro significado que deslegitimar el tribunal

"¿Comprometido con la izquierda? No. Me siento comprometido con la Constitución y la democracia" "Siro García ha renunciado como presidente de la Sala de lo Penal por su imposibilidad psicológica para aguantar las ofensas y disparates que ha oído"

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 15 de diciembre de 1996

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