Naciones y partidos

Ignacio Sotelo y Raimon Obiols están confundidos. Escriben que la mayoría gubernamental no puede ser dependiente de partidos de ámbito no estatal. Al primero se le han ido, incluso, las palabras al denominarlos "segundones periféricos". El problema planteado tiene, sin embargo, un fuerte calado y afecta directamente a la concepción nacional o, por el contrario, plurinacional del Estado. No se trata de discutir, únicamente, la coyuntural validez u oportunidad del pacto PP-CiU.Se necesita, dicen, una opción centrista de ámbito estatal que pueda actuar de bisagra política cuando las dos fuerzas mayoritarias de izquierda o derecha no consigan en las elecciones generales la mayoría suficiente para gobernar. Es decir, un Suárez o un Roca, por citar dos nombres ilustres de operaciones centristas fracasadas. La razón es que un partido de ámbito no estatal (pane) no defiende intereses generales porque su radio de acción se circunscribe a una parte del territorio estatal. Sus electores no están esparcidos por todo el territorio del Estado-nación sino concentrados en una nación, o bien en una región.

La réplica parece fácil a primera vista: no existen partidos que defiendan intereses generales. En democracia todos los partidos defienden intereses parciales, y en dictadura también, con la diferencia de que el "partidoguía" los impone totalitariamente. Es natural que todos los partidos presenten sus opciones parciales como las más beneficiosas y positivas para los intereses generales de la ciudadanía. Pero son los electores los que deciden y escogen una u otra opción. En la democracia de partidos que conocemos y vivimos, el interés general, nace de la libre e igual competencia entre las distintas opciones políticas que surgen de una sociedad plural, y que obtienen mayor o menor representación en las instituciones del Estado, según la confianza política que hayan conseguido en las elecciones. La presencia institucional ganada por cada partido es su fuerza relativa para defender, negociar, pactar o, solamente, oponer sus ideas y programas frente a las demás opciones. La representación del interés general aumentará en relación directa con la capacidad de negociación y consenso entre dos, tres o más fuerzas políticas.

Ahora bien, existe un cierto tipo de partidos que reúnen dos parcialidades: la ideológico-social y la ideológica-territorial. Son los panes ya mencionados. El Estado-nación, en su tradición jacobina y centralista, no está pensado ni tiene el antídoto adecuado para esta clase de aporías. Los partidos políticos forman un sistema de partidos de ámbito estatal-nacional y, desde esta concepción, es ilógica la existencia de partidos independientes en ámbitos territoriales más reducidos. A no ser que su objetivo sea la consecución de un Estado-nación propio. En este caso las dudas o incertidumbres quedan aclaradas porque el pane es, en realidad, un partido nacionalista. Pero el problema subsiste porque ¿cómo compatibilizar los objetivos finales de un partido nacionalista con su intervención en el normal funcionamiento del Estado-nación? Su implicación en la gobernabilidad, sobre todo si es decisoria o decisiva, siempre será contemplada por el nacionalismo de Estado como instrumental, incluso chantajista, para la consecución de otros fines en beneficio de la nación que desea, también, ser Estado.

El problema no pasaría de ser menor si los panes fueran, literalmente, "segundones periféricos`. Es decir, partidos que nunca tendrían, previsiblemente, la opción de ser mayoritarios en su nación y decisivos en el Estado. Pero no es así, especialmente en Cataluña, y Euskadi. Sólo se me ocurre una solución: aceptar la realidad política tal como es y no hacer fuegos de artificio o "bisagras" de laboratorio. Y aceptarla positivamente y no como una solución negativa pero inevitable.

Porque es positivo que se vaya asumiendo que España es un Estado plurinacional, incluso por parte de los que ya creen saberlo y practicarlo. La "nación de"naciones", que es una expresión oportunista para contentar a todas las partes, implica la aceptación de que existen partidos nacionales catalanes, vascos y gallegos (y de otras nacionalidades y regiones si lo quieren así sus ciudadanos). El Estado plurinacional no es un artificio político, sino el reflejo de la realidad política de la España de hoy. Y es bueno que ello se comprenda y desarrolle en la estructura territorial del Estado, en la Admistración, en los partidos políticos, en las organizaciones empresariales y sindicales, en la domiciliación fiscal de las empresas, en la cultura de la gente y en el funcionamiento del sistema de partidos. El primer paso puede ser el cambio en positivo de la definición negativa que los académicos hemos aceptado con el nombre de pane. Partidos estatales-nacionales, partidos nacionales, o bien partidos regionales expresan mejor los distintos tipos de partidos que existen en la actualidad en el sistema de partidos del Estado español.

Tiene que romperse por las dos partes el círculo vicioso que ha gobernado el modelo "nacional" de Estado en los dos últimos siglos: "frente al Estado-nación, otro Estado-nación". El Estado debe abrirse para cambiar la mononacionalidad por la plurinacionalidad y las naciones sin Estado deben sustituir la autodeterminación para dar paso a la codeterminación. El nacionalismo no puede por naturaleza romper el doble principio: "De cada Estado una nación, a cada nación un Estado". No es la ideología libertadora del siglo XXI. Por el contrario, hay que liberar al federalismo del nacionalismo y promoverlo como ideología alternativa para la organización política de las sociedades multiculturales.

Una forma de avanzar en esta dirección es comprender y asumir la realidad política plurinacional y plurirregional del Estado-sociedad, reflejada en la existencia de partidos políticos de distinto ámbito territorial, pero con igual legitimidad en su intervención en las instituciones del Estado. No hay partidos secundarios por razones periféricas. La democracia es la única y legítima llave para la elección de nuestros representantes y para la formación de los gobiernos.

Además, la mayoría de los partidos tienen o dicen tener proyectos políticos que van más allá o están en contradicción con lo que establece la Constitución. Sin ir más lejos, un proyecto político republicano, socialista o federalista difícilmente puede desarrollarse sin una reforma constitucional. La cuestión central está en respetar las reglas democráticas y la voluntad de los ciudadanos. A partir de aquí cada partido es responsable de los actos y pactos que realiza. Si acierta sus electores le aplaudirán y, si no, lo penalizarán.