Confirmado el archivo de las escuchas del Cesid por considerar la juez que no hubo delito

La juez sustituta Ana María Pérez Marugán ha confirmado el archivo de las diligencias judiciales por las escuchas del Cesid, dado que listas se realizaron "aleatoriamente" entre teléfonos móviles que fueron interceptados cuando no era delito hacerlo. Esta nueva resolución confirma en todos sus extremos el auto dictado el pasado 6 de febrero por la magistrada Ana Mercedes del Molino Romera, decisión que fue respaldada por el ministerio fiscal.Del Molino estimó que las escuchas realizadas por el Cesid, cuya divulgación causó la dimisión del vicepresidente del Gobierno, Narcís Serra, y del ministro de Defensa, Julián García Vargas, no fueron delito porque se captaron aleatoriamente por medio de un barrido de frecuencias del espacio radioeléctrico, actividad necesaria para preservar intereses vitales del Estado.

Hasta 1994, en que se modificó el artículo 192 bis b) del Código Penal, la interceptación de comunicaciones realizadas a través del espacio radioléctrico -como fue el caso de los teléfonos móviles- no era delito, pues sólo estaba tipificado como tal la interceptación de "comunicaciones telefónicas" sin autorización judicial. La reforma amplió a "cualquier telecomunicación" la intervención de conversaciones.

Pérez Marugán corrobora que las conversaciones interceptadas por funcionarios del Cesid "no eran telefónicas, al estar al menos uno de los interlocutores, precisamente el interceptado, hablando a través de un aparato que recibe el nombre técnico de estación móvil".

La juez rechaza que exista el delito de prevaricación (dictar a sabiendas una resolución injusta) porque los hechos carecen de una ilegalidad flagrante y tampoco aprecia el de malversación de caudales porque los imputados no distrajeron cantidad alguna de los fondos reservados.

Esta nueva decisión de archivo ha sido apelada ante la Audiencia Provincial por el empresario José María Ruiz-Mateos; el director de la revista Época, Jaime Campmany, y el del diario El Mundo, Pedro J. Ramírez, así como por la Asociación Libre de Abogados (ALA).