GM, el rayo que no cesa sobre 'Superlópez"

La multinacional automovilística General Motors (GM) y su filial europea Adam Opel AG han lanzado una nueva ofensiva judicial contra el fabricante alemán Volkswagen (VW), reclamándole una multimillonaria indemnización por daños y perjuicios presuntamente causados por su ejecutivo José Ignacio López de Arriortúa, conocido por Superlópez. La reclamación, que ha sido presentada ante un juzgado del Estado de Michigan (EE UU), acusa a López y otros 11 ejecutivos de VW, entre los que se encuentra su presidente, Ferdinand Piech, de conspiración criminal y de apropiación y utilización ilegal de documentos comerciales secretos.La demanda se refiere a la contratación de López de Arriortúa y un grupo de estrechos colaboradores por parte de Volkswagen, quienes, según General Motors, habrían robado gran cantidad de documentos de la empresa antes de abandonar sus cargos en marzo de 1993. La querella ha sido presentada en Estados Unidos para evitar la prescripción de los presuntos delitos por la legislación norteamericana, según ha manifestado en Russelheim el presidente de Opel, David Herman, quien no ha revelado la cuantía de los daños reclamados a Voslkswagen.

La nueva iniciativa judicial de General Motors disparó ayer en Alemania todo tipo de rumores sobre esa cuantía que podría haber sido exigida a la multinacional europea. Algunos de los rumores apuntan la posibilidad de que los estadounidenses reclamen a los alemanes una cantidad que supere los 80.000 millones de pesetas.

Opel mantiene también una querella contra López y Volkswagen ante los tribunales alemanes, que examinan el caso desde abril de 1993. Como si aparentemente no se fiase de la justicia alemana, el presidente de Opel ha manifestado que la compañía "ha tomado además en consideración el vacilante paso de las investigaciones realizadas contra López" por los tribunales alemanes.

Según Herman, "existen muchas pruebas de que López y Volkswagen se apoderaron de gran número de documentos y datos secretos de General Motors y los introdujeron en sus ordenadores, destruyendo otros". General Motors asegura que esta actuación ha ocasionado elevados daños a la empresa y supone una amenaza para los puestos de trabajo de sus fábricas, incluidas las de Alemania.

Volkswagen, cuyas acciones se depreciaron en un 3% inmediamente después del anuncio de la querella de GM, ha desmentido enérgicamente las acusaciones de su rival. En un comunicado difundido por su central en Wolfsburg (Alemanía), VW asegura que la reclamación de General Motors carece de fundamento, "como la que en su día fue presentada ante los juzgados de Braunschweig", que fue rechazada a la espera de la decisión sobre la causa penal interpuesta contra López en la localidad de Darmstadt.

La batalla legal entre los dos fabricantes de automóviles tiene también una elevada dosis de guerra comercial. VW asegura que General Motors quiere influir en la justicia alemana con su reclamación en EE UU. GM acusa a Volkswagen de agitar la bandera del nacionalismo económico contra una empresa que se presenta como extranjera.

En este sentido, el miembro del Consejo de Administración de Opel Hans Wilhelm Gäb ha acusado al ministro presidente del Estado de Baja Sajonia, Gerhard Schröder, que también es miembro del consejo de VW, de "apelar a las emociones nacionales contra GM", presentando a la multinacional como una amenaza contra el emplazamiento industrial de Alemania. Gäb también ha señalado la falta de colaboración de la justicia alemana con la norteamericana, que investiga el caso, ya que, aunque el Gobierno de Bonn ha dado luz verde a la ayuda, la fiscalía de Darmstadt aún no ha entregado ningún documento al FBI o al Departamento de Justicia de EE UU.

Volkswagen reitera por contra en su comunicado que la empresa ha colaborado con los investigadores en todo lo exigido y que una investigación interna, realizada por un perito independiente, ha demostrado que no existen indicios de que haya usado, o haya tenido acceso, a documentos secretos de General Motors.