Expediente disciplinario a Santaella, abogado de Conde y Perote

, El Consejo General de la Abogacía ha abierto expediente disciplinario al letrado Jesús Santaella por extralimitarse en sus funciones. Santaella, abogado del ex presidente de Banesto Mario Conde y del ex número dos del Cesid Juan Alberto Perote, se entrevistó con el ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch, y el presidente del Gobierno, Felipe González.

Las gestiones de Santaella estuvieron relacionadas con asuntos de sus clientes y fueron interpretadas como conductas chantajistas, hasta el punto de que en el VI Congreso de la Abogacía Española, celebrado a finales de septiembre en La Coruña, algunos compañeros del ahora expedientado le apodaron Chantajella. Belloch negó siempre que se hubiera producido chantaje.

.Las tres denuncias formuladas contra Santaella motivaron una investigación del Consejo General de la Abogacía -órgano encargado de conocerlas, por ser el denunciado miembro de la junta de gobierno del Colegio de Abogados de Madrid en el momento de producirse los hechos-, previa a la apertura de expediente. Los denunciantes fueron José Mariano Benítez de Lugo, presidente de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade), próxima al PSOE; el abogado Javier Sáinz Moreno, ex colaborador del empresario José María Ruiz-Mateos, y el abogado del Estado.

Una vez designado ponente el decano del colegio de abogados de Granada, Rafael López Cantal, y secretario el de Valladolid, Jesús Gómez-Escolar Mazuela, se ratificaron los tres denunciantes y se concluyó la investigación. La decisión de apertura del expediente fue comunicada ayer a Santaella, a quien se le dio un periodo de 30 días para que ejerza su derecho a recusar al ponente o al secretario, según Europa Press. Este periódico no pudo confirmar estos datos con el letrado, ausente de su despacho a última hora de la tarde de ayer. Transcurridos los 30 días, se comunicarán a Santaella las infracciones presuntamente cometidas y la sanción que les correspondería y se le dará un plazo para que alegue lo que estime procedente.