Baró se negó a pactar con la federación la reducción de la Liga 96-97

Antonio Baró, presidente de la Liga de Fútbol Profesional, no accedió el viernes a pactar con la federación oficializar la reducción de la Primera División a partir de la temporada 1996-97 como pretendieron los dirigentes federativos. Baró adujo que no podía romper un acuerdo de la asamblea de la Liga sin contar con su respaldo. El presidente de la federación, Ángel María Villar, por su parte, aprovechó ayer el sorteo del nuevo calendario de Liga para criticar la actitud de los clubes e hizo un llamamiento a las instituciones para que modifiquen la reglamentación deportiva actual.

JUAN JOSÉ PARADINASLos dirigentes de la federación no consiguieron el viernes el golpe de efecto que buscaban: que el presidente de los clubes, Antonio Baró oficializara con su consentimiento la reducción de la Liga a partir de la próxima temporada. Baró, que no pudo asistir a la junta directiva de la federación, de la que es vicepresidente, al "estar indispuesto", se negó a pactar la consumación de la rebaja de 22 a 20 equipos. Justificó su negativa al asegurar que no tenía capacidad ni debía romper un acuerdo de asamblea. La federación, ante la postura del presidente de los clubes, solicitó a éstos que reconsiderasen con la máxima urgencia el acuerdo que adoptaron el pasado miércoles.La Federación, por su parte, reiteró ayer su malestar por la situación creada por los clubes en el fútbol español. Villar, su presidente, inició ayer el acto del sorteo del nuevo calendario de Liga, transmitido en directo por TVE, diciendo que la federación no ha tenido nada que ver, ni además se le puede imputar nada en el conflicto registrado este mes de agosto. "Espero y confío en que muy pronto se recupere el sentido común, la sensatez y la cordura", fue su aviso, para dirigirse a continuación a las instituciones: "Espero asimismo que estos hechos no se vuelvan a repetir. Por eso hago de nuevo un llamamiento a las instituciones competentes para que urgentemente reformen la legislación deportiva actual".

La federación, en ese sentido, dio ayer a conocer en nota de prensa un informe jurídico con el que coloca al margen de la legalidad a los Comités de Finanzas y de Deportes de la Liga, incluso a su propio presidente, cuando acordaron el descenso del Sevilla y del Celta a Segunda División B por no cumplimentar sus administradores los avales necesarios. Según ese informe la decisión reglamentaria es competencia de la Asamblea de la Liga. Esta asamblea también vulneró la ley, según ese informe, al readmitir al Sevilla y al Celta en Primera y ampliar su número de equipos de forma unilateral cuando para ello es obligado su consenso con la federación, como establece el convenido suscrito entre ambos organismos.

El Consejo Superior de Deportes (CSD) tampoco escapa de las críticas. "La resolución del CSD [por la que éste se declaró incompetente ante los recursos que le presentaron el Sevilla y el Celta] incurre en una incongruencia", señala textualmente el informe. "En varios de sus fundamentos declara derechos, niega otros, propone soluciones y adopta de la desestimación de las pretensiones de los clubes. Esto significa un evidente despropósito", concluye el informe.Agravio comparativo

Francisco Palau, presidente del Castellón, de Segunda B, por otro lado, ha convocado mañana en dicha ciudad una reunión con algunos de los clubes más significativos de esa categoría para estudiar la solicitud a la federación de un aumento de equipos de Segunda. Han confirmado la asistencia los clubes de Las Palmas, Cádiz, Palamós, Murcia, Córdoba, Granada, Jaén y Málaga. Estiman que la readmisión del Sevilla y el Celta les supone un agravio comparativo.