Navajas busca evitar sombras de duda en la opinión pública al reabrir el 'caso del tiro en la nuca'

Por indicación expresa del fiscal general del Estado, Carlos Granados, la Fiscalía de San Sebastián reclamó ayer formalmente la reapertura del caso del tiro en la nuca, relativo a Lucía UrigoItia, la activista de la banda terrorista ETA muerta en un tiroteo con la Guardia Civil el 22 de agosto de 1987. El fiscal jefe de la Audiencia Provincial de San Sebastián, Luis Navajas, justificó la reapertura del sumarlo en la necesidad de evitar que quede en la opinión pública una sombra de duda sobre la voluntad de la fiscalía de llegar al fondo del asunto.

Navajas se mostró escéptico sobre los posibles frutos de la nueva investigación, y señaló que, "hasta que no se me demuestre lo contrario", él sigue sustentado la versión de los hechos establecida en su momento. La solicitud fiscal de reapertura fue cursada a mediodía al Juzgado de Instrucción número 2 de San Sebastián.El escepticismo del fiscal jefe donostiarra es compartido por otras fuentes de la Audiencia de San Sebastián, dado el tiempo transcurrido desde los hechos y las dificultades que entraña tratar de comprobar si el Cesid falsificó efectivamente las pruebas judiciales. Luis Navajas solicitará que se tome testimonio a los dos periodistas autores del artículo en el que se desvela la existencia de ese informe del Cesid que da cuenta de la supuesta entrada de esos servicios en el domicilio del juez instructor del caso y la sustitución de proyectiles y de determinados elementos del arma de la activista. Juan Piqueras, el juez que instruyó originalmente el caso, sobreseído el 26 de octubre de 1990, mantiene un silencio absoluto, pero fuentes de la Audiencia consideran altamente improbable que el magistrado guardara en su domicilio la pistola de Lucía Urigoitia y los proyectiles recogidos en el piso donde se registró el tiroteo.

La sustitución de las pruebas debió producirse en ese caso dentro las dependencias del Palacio de Justicia de San Sebastián, que en aquellos años estaba permanentemente custodiado por efectivos de la Guardia Civil. Si el informe del Cesid es auténtico y refleja la realidad de los hechos que describe, no existió enfrentamiento armado entre la activista muerta y las unidades especiales de intervención que irrupieron en el piso del comando Donostia. La fabricación y falsificación de las pruebas se explica precisamente por la necesidad de simular un tiroteo.

En ese supuesto, los agentes involucrados en la operación tropezaron con la circunstancia, constatada por este periódico, de que el juez Piqueras, un magistrado serio y meticuloso en su trabajo y altamente profesional en opinión de sus compañeros, reclamó y se hizo cargo de la pistola de Lucía Urigotia horas después de producirse los hechos.

Según varios expertos, la fabricación de las pruebas podría haberse hecho percutiendo una serie de casquillos con cualquier otra pistola y desmontándole a esta arma la aguja percutora y la cuña extractora. Los casquillos habrían sido mezclados con los recogidos en el lugar del tiroteo, previa retirada de un número idéntico, y a la pistola de Lucía Urigoitia se le habría sustituido la aguja percutora y la cuña extractora.Belloch apoya la reapertura

De esta manera, las pruebas del Gabinete de Balística constatarían posteriormente que algunos de los casquillos recogidos en el lugar de los hechos habían sido percutidos por la pistola de la activista de ETA.

El ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch, también considera positivo que se "aclaren las cosas cuando hay dudas", refiriéndose a la demanda del fiscal Navajas de reabrir el caso del tiro en la nuca. Belloch, ayer, en Bruselas -informa Juan Carlos González- se mostró "naturalmente" dispuesto a comparecer ante el Parlamento español al precisar que está "a su servicio".

El ministro se negó a valorar la demanda del fiscal Navajas afirmando que los "hechos son los hechos y por lo tanto todos estamos obligados a respetar esta decisión". La reapertura del caso para comprobar las veracidad de los extremos publicados y en su caso reiniciar diligencias penales "es una decisión razonable de una institución que hay que respetar".

Sobre este asunto se pronunció también el vicepresidete del Consejo General del Poder Judicial, José Luis Manzanares, según el cual "si no se desmiente inmediatamente" la entrada en el domicilio del juez Piqueras para falsificar pruebas y "se persigue a quien haga falta por una denuncia falsa; si eso queda ahí como algo normal, sin que nadie se escandalice, es que estamos al borde absoluto de la quiebra de la democracia y del estado de Derecho".