Asunto cultural envenenado por la política

A estas alturas, en la disputa por los fondos de la sección de la guerra civil del Archivo de Salamanca se ha llegado ya adonde cabía esperar. Una cuestión que hubiera debido ser exclusivamente cultural se ha convertido en política, y, además, con ella se ha creado una espiral de reivindicaciones sentimentales que sólo puede desembocar en aplazamiento temporal a la espera de mejores tiempos o en una lluvia de reproches que nos va a alejar cada vez más del centro de la cuestión y acabará por envenenarla de manera definitiva.Ni,siquiera lo primero parece el mal menor, porque enquistar un problem...

A estas alturas, en la disputa por los fondos de la sección de la guerra civil del Archivo de Salamanca se ha llegado ya adonde cabía esperar. Una cuestión que hubiera debido ser exclusivamente cultural se ha convertido en política, y, además, con ella se ha creado una espiral de reivindicaciones sentimentales que sólo puede desembocar en aplazamiento temporal a la espera de mejores tiempos o en una lluvia de reproches que nos va a alejar cada vez más del centro de la cuestión y acabará por envenenarla de manera definitiva.Ni,siquiera lo primero parece el mal menor, porque enquistar un problema como éste supone arriesgarse a que estalle de nuevo en el momento más inoportuno. Tampoco tiene sentido achacar imprevisión de los efectos de su medida al Ministerio de Cultura, sino que resulta necesario ofrecerle una posible salida. Hay que advertir desde un principio dónde de ninguna manera podrá encontrarse nada parecido a ella. Hay, ahora, quien apela al Parlamento como institución destinada a solventar el problema, pero sólo en caso de consenso absoluto se llegaría a una solución verdadera, y eso es imposible.

La propia situación planteada e incluso la legislación vigente proporcionan una pista para encontrarla. La Generalitat no ha hecho públicos los legajos que reclama, pero es muy probable que se trate de aquellos que fueron incautados en su día en Barcelona. Ahora bien, incluso en el caso de que se aceptara el punto de vista de la Generalitat en su integridad, sería imprescindible formar una comisión de expertos destinada a separar aquella documentación que tiene su origen en aquella institución de otras incautadas en la capital catalana. En Barcelona se obtuvo, por ejemplo, una parte de la documentación del Gobierno vasco, la cual ahora mismo puede, por tanto, ser reclamada por tres posibles propietarios con la pretensión de convertirse en depositarios. Por otro lado, de acuerdo con la legislación vigente existe un patronato del archivo nombrado por el ministerio, aunque en la práctica inoperante, cuya consulta parece evidente y obligada.

Todos estos datos favorecen la creación de una amplia comisión formada por historiadores y archiveros, que fuera capaz de proponer una solución para este conflicto y lo desactive de su vertiente política, que no tendría, de lo contrario, otro resultado que exasperar hasta el extremo unas tensiones ya de por sí bastante a flor de piel. Una comisión de este tipo tendría la ventaja de servir de punto de referencia inicial para una solución y provocaría una mayor reflexión acerca de una cuestión importante, al mismo tiempo que nos sacaría del callejón sin, salida, en que estamos, del que sólo parece poderse salir con vencedores y vencidos.

Además, por este procedimiento se plantearía el problema en unos términos más amplios y globales. En realidad, lo decisivo para los españoles en la última década del siglo XX no es dónde están los documentos, sino la existencia de la paradoja que consiste en que, por un lado, la historia reciente ha jugado un papel determinante en la configuración de nuestro presente, y, por otro, no existe un plan coordinado destinado a recuperar la documentación gracias a la que podríamos conocerla mejor.

Importa señalar que ésta es la última oportunidad para llegar a una solución que pueda satisfacer a los más y herir a los menos. Si seguimos en la disputa actual, todos, sin duda, vamos a perder.