El secretario del PSOE almeriense, acusado por el fiscal de agredir a una manifestante

El secretario general del PSOE almeriense y diputado andaluz, Tomás Azorín, ha sido acusado formalmente por el fiscal de agresión a una médica que se manifestaba junto a otros colegas frente a un edificio en el que el PSOE celebraba un acto electoral. La sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) exigió ayer a Azorín y al afiliado socialista Emilio Hernández Sierra, también acusado, sendas fianzas de 14 y 12 millones de pesetas, respectivamente, para cubrir la responsabilidad civil.

Los hechos ocurrieron en Almería en vísperas del comienzo de la última campaña electoral andaluza. Mientras el PSOE proclamaba a sus candidatos en un céntrico inmueble, en la calle un grupo de médicos se manifestaba por reivindicaciones profesionales. A la salida de los políticos, arreciaron las protestas. de los médicos y la situación acabó en un intercambio de insultos.

Durante el tumulto, Tomis Azorín, que ocupa el segundo puesto en la candidatura socialista al Ayuntamiento de Almería y tiene intención de ser reelegido presidente de la Diputación Provincial, agredió presuntamente a la mujer. El otro acusado, Emilio Hernández, habría golpeado a otro de los médicos participantes en la protesta.

El fiscal considera que Azorín y Hernández cometieron un delito de lesiones, por el que pide que ambos sean condenados a una multa de 200.000 pesetas. Además, estima que Azorín debe indemnizar a la mujer con 1,3 millones y Hernández al otro médico con 200.000 pesetas.

Peticiones de la acusación

Las calificaciones hechas por el acusador particular, de un lado, y por el Colegio de Médicos, que representa a la acción popular, de otro, son más contundentes. La acusación pide que se condene a ambos militantes socialistas a dos años y cuatro meses de cárcel por un delito de lesiones y que indemnicen con 27 y 22 millones a los agredidos.

La acción popular hace suyas las calificaciones, de los acusadores, pero suma además la comisión de un delito de amenazas y otro contra la libertad de reunión, que implica una pena añadida de cuatro meses de cárcel y 500.000 pesetas de multa para los dos supuestos agresores. Esto conllevaría la inhabilitación para cualquier cargo público.

La decisión de abrir juicio oral fue adoptada por el magistrado Plácido Fernández-Viagas el pasado martes. El magistrado ha tomado declaración en los últimos meses a los implicados directamente en el incidente, y a varios de los numerosos testigos que estaban congregados en el lugar, de los acontecimientos. Tomás Azorín admitió que se había enfrentado verbalmente a los manifestantes, pero negó haber agredido a nadie.

Esta versión, sin embargo, contrasta con las manifestaciones de distintos testigos, que aseguraron al instructor haber visto cómo Azorín cogía por el cabello a la mujer. En el caso de Emilio Hernández también existen testimonios acusatorios, si bien la sala de lo Penal y lo Civil ha tendido más bien a comprobar, si existían indicios de delitos en la conducta de Azorín, que por su calidad de parlamentario autonómico disfruta de un foro especial. Este es una de los contados casos en que una denuncia contra un aforado ha conseguido prosperar en la sala de Io Civil y Penal y Regar a juicio.