PSOE y PP deciden acabar con el oscurantismo de las encuestas oficiales

El PSOE y el Partido Popular (PP) están decididos a lavar la imagen del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) como agencia de encuestas electorales al servicio del Gobierno. Para ello, acordaron ayer garantizar la transparencia del organismo autónomo. Una proposición de ley presentada por el PP y admitida a trámite en el Senado, con el respaldo del PSOE, garantizará una revisión mensual de las tareas del CIS y la memoria anual de sus tareas ante las Cortes Generales.

La proposición de ley no altera los estatutos actuales del CIS ni siquiera la forma de elección de su presidente, que seguirá siendo nombrado por el Gobierno, pero sí consigue un mayor conocimiento público de sus diversas tareas, hasta ahora casi limitado a las encuestas electorales. Ésos son los principales logros de esta propuesta, que aparece recogida en el punto nueve del bloque sobre impulso democrático que el Gobierno negocia con el PP.

Ayer, precisamente, el portavoz socialista en el Senado, Bernardo Bayona, destacaba que está siendo la Cámara alta el recinto parlamentario donde se están materializando las primeras medidas acordadas con el PP para impulsar la democracia: la reforma del reglamento del Senado y la proposición de ley para garantizar la transparencia del organismo autónomo.

El CIS, conocido especialmente por sus encuentas electorales, necesita un lavado de imagen ante la opinión pública. El alarde de conocimientos electorales que hizo Alfonso Guerra, cuando era vicepresidente del Gobierno, dañó la imagen de este organismo. Pero el oscurantismo tuvo rango legal antes de que el PSOE, y Guerra con él, accedieran al Gobierno en 1982. Concretamente, una orden ministerial de diciembre de 1978, cuando gobernaba la Unión de Centro Democrático (UCD), restringía el acceso de los ciudadanos a los datos del CIS.

Cambio de imagen

La imagen de oscurantismo y de agencia de encuestas electorales al servicio del Gobierno no ha sido superada aún ni cuando se han producido importantes cambios, sobre todo desde hace tres años, cuando asumió el relevo el actual presidente, Joaquín Arango. Durante este periodo se ha reducido el plazo para acceder al banco de datos del centro por parte del público y se ha incrementado de forma notable su demanda por parte de instituciones públicas y privadas.Esa imagen recorrió ayer el pleno del Senado durante el debate que precedió a la toma en consideración de la ley.

El representante del PP, Santiago Cervera, dijo, por ejemplo, que "el CIS se presenta más como una oficina gubernamental que como un organismo al servicio de la sociedad" y lo calificó como "arcano gubernamental". Reprochó al Gobierno el uso que ha hecho en el pasado de este organismo como fuente de información privilegiada en los procesos electorales.

El portavoz de CiU, Francesc Codina, defendió la necesidad de regular legalmente el CIS para " superar las sombras de duda" que arroja su funcionamiento.