El Poder Judicial archiva la investigación del juez Rodríguez Arribas

La comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha archivado la investigación abierta al magistrado Ramón Rodríguez Arribas, presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), a causa de su vinculación con la empresa Dibucrae (Distribuidora de Butano Crae, SA). Uno de los cinco miembros de la comisión, Javier Gómez de Liaño, adjunto a la presidencia del CGPJ, ha formulado un voto particular contrario al archivo, por considerar que "había bastante más que hacer en la investigación de los hechos".

Rodríguez Arribas fue denunciado por el letrado Alberto José Pérez, por "presunta incompatibilidad" entre su cargo de magistrado y su vinculación con la empresa Dibucrae, dado que la ley prohibe "el ejercicio de toda actividad mercantil, por sí o por otro". El denunciante entendía que el presidente de la APM actuaba como empresario y tenía instalados a sendos hijos suyos -David y Ramón- respectivamente como gerente y vocal de un consejo de administración aparentemente dirigido por dos ancianas, viudas de dos amigos del denunciado: Manuel Hedilla, segundo jefe nacional de Falange Española, y Felipe Arche Hermosa, gobernador y jefe provincial del Movimiento franquista.El acuerdo de la comisión disciplinaria de "sobreseer y archivar provisionalmente" la investigación a Rodríguez Arribas se ha fundamentado en la decisión similar tomada por la comisión permanente del CGPJ el 7 de septiembre último, a raíz de una información publicada por EL PAÍS el 2 de agosto. Gómez de Liaño estima que la comisión permanente actuó entonces "con manifiesta incompetencia", ya que invadió el terreno de la disciplinaria.

Incompatibilidad

Frente al acuerdo de archivo votado favorablemente por sus compañeros de la comisión disciplinaria José Antonio Zarzalejos, Soledad Mestre, Antonio Marín Rico y José Dávila, el vocal adjunto a la presidencia del CGPJ razona que "la investigación realizada para aclarar la posible -o imposible- incompatibilidad no había pasado el listón de unas sencillas diligencias de mero trámite, puro conformismo procedimental o gratificante complacencia". Por el contrario, "creo", añade, "que había bastante más que hacer en la investigación de los hechos".Gómez de Liaño renuncia a detallar las indagaciones que "podrían haberse llevado a cabo" respecto a un magistrado denunciado por comportarse como auténtico empresario de Dibucrae y propietario del 52% de su capital, y agrega: "Sea suficiente preguntarse por la amplitud de espacio que puede representar una posición accionarial dominante en cualquier sociedad".