Por el pacto social

La construcción del denominado Estado de bienestar en Europa tras la guerra mundial ha ido acompañada de un pacto social permanente. La mayor parte del tiempo, el pacto ha sido tácito, pero en ciertas coyunturas ha sido necesario hacerlo explícito. Aquí y ahora estamos en una de ellas. Nadie oculta que el Estado de bienestar pasa en Europa, y más en España, por un momento crítico. Si se quiere mantenerlo y reorientarlo es preciso renovar el pacto de forma explícita.La competencia económica de terceros países, basada en el dumping social y medioambiental, la destrucción del sistema comunista y la acelerada innovación tecnológica son tres de los factores que sacuden la economía europea y, con ella, el sistema fiscal sobre el que se asienta el Estado de bienestar. La ausencia de una política industrial común no ha hecho sino facilitar este debilitamiento. Ante el encarecimiento relativo del factor trabajo europeo se ha respondido intensificando la tecnología. La mecanización y robotización del sistema productivo, unidas a la baja coyuntura actual, han incrementado masivamente el paro; además, el dumping social ha penetrado dentro de Europa en forma de una creciente economía sumergida. Todos los elementos de este proceso conspiran contra el sistema fiscal produciendo menos ingresos y mayores gastos. La tendencia, de mantenerse, hará inviable financieramente la universalización de la sanidad y las pensiones, el sistema educativo, la política social de vivienda, los incentivos al transporte colectivo, a la formación, al empleo, y, en general, colapsará la estructura asistencial que da sentido al Estado de bienestar.

En España, como es lógico, la situación es más grave que en Alemania o Francia. Quienes no queremos la dualización social, por injusta e ineficiente, hemos de buscar una salida que redefina el Estado de bienestar con la intención de mantenerlo y mejorar su funcionamiento. Tal es la pretensión contenida en el programa electoral del PSOE, que resultó ser el más votado el pasado 6 de junio y que anima al Gobierno ante el mandato popular de llevarlo adelante. El pacto social, incluido en dicho programa, no es condición suficiente, pero puede resultar necesario y, en todo caso, es conveniente:

- Porque ha llegado el momento de redefinir el Estado de bienestar, eliminando los efectos perversos que se han generado en forma de fraudes o abusos y abriendo nuevas vías asistenciales fuera de todo paternalismo.

- Porque generará confianza en la sociedad española, dentro de sí misma y también con referencia al exterior, atrayendo inversiones e impulsando un nuevo avance en la economía real.

En 1991, la renta declarada por los empresarios (no agrarios) al rellenar los impresos del IRPF fue de 1.120.000 pesetas; la de los asalariados, de 1.955.000. Si los empresarios hubieran declarado tan sólo la misma renta que los asalariados, el Estado hubiera ingresado 220.000 millones más. En España hay 1.640.000 personas declaradas "inválidas" para el trabajo cobrando la correspondiente pensión, cifra que hace pensar en una catástrofe más que en otra cosa. Para nadie es un secreto que de los dos millones de personas que cobran hoy "del paro" hay una buena cantidad que o trabajan en la economía sumergida o no tienen derecho a él (*). El fraude y el abuso son cuantitativamente insoportables para el contribuyente y, lo que es más grave, golpean sobre la base ideológica y moral del Estado de bienestar. Los sindicatos, la izquierda en general, son los primeros interesados en que el Estado de bienestar no esté basado en una ficción, sino que sea realmente la expresión de la solidaridad. Valor al que deben acompañar los del trabajo, la austeridad y, en suma, la decencia.

El esquema económico del pacto, sobre cuyas bases las partes están de acuerdo, pretende incrementar el ahorro para dirigirlo hacia inversiones productivas, generadoras de empleo, públicas (a veces se olvida que éstas son imprescindibles para generar desarrollo) y privadas. Ello exigirá un acuerdo de rentas, pero también una atención preferente a la economía real: bajada de los tipos de interés y una auténtica política industrial. La experiencia europea ha demostrado que la peor política industrial es la que no existe. La economía española, abierta hoy a los mercados internacionales, demanda a gritos una nueva política industrial y comercial, lejos del ineficiente plan quinquenal o del destructor laissezfaire. Si las líneas básicas de esa política pueden ser consensuadas, su efectividad será mayor.

Quienes, reticentes u opuestos al pacto social, pretenden obviarlo colocan sus intereses ideológicos, políticos o económicos por encima de los del país. Con un agravante: la sociedad española atraviesa momentos delicados y decisivos. No se trata sólo de una crisis económica coyuntural; se halla en juego el modelo de Seguridad Social que la mayor parte de los países europeos hicieron suyo tras la II Guerra Mundial.

El pacto social deberá servir también de aldabonazo para todos los trabajadores y trabajadoras honrados, quienes, con su esfuerzo y solidaridad, son los llamados a sacar adelante el país y a dirigirlo moral y socialmente. No se trata sólo de alcanzar tasas de crecimiento que permitan la creación de suficientes puestos de trabajo; es preciso conseguir también una clara integración de la juventud en la tarea común, en la vida social plena, en los bienes y los valores morales, en la responsabilidad intelectual, social y política. Todo ello pasa por el efectivo derecho y la obligación del trabajo y será facilitado por el pacto social. Quienes llevan el peso de su negociación merecen ser apoyados para que logren alcanzar esos objetivos. Han de ser conscientes, por su parte, de la responsabilidad y de las esperanzas que hoy están puestas en su trabajo y en sus actitudes.* Tendrá alguna explicación, pero en algunas provincias hay más perceptores por desempleo que desempleados inscritos en las oficinas del Inem.

es presidente de la Comunidad de Madrid, y es diputado socialista.