El Partido Popular inicia el acoso contra el jefe del Ejecutivo

El Partido Popular ha tomado conciencia en los últimos días de que la guerra con el PSOE ha empezado de verdad y de que quien la ha inaugurado es el propio presidente del Gobierno, Felipe González. Los populares están satisfechos por la erosión que han conseguido de la imagen de los socialistas y se muestran satisfechos por el tipo de oposición que están realizando. El asunto de la corrupción saben que es fundamental y no abandonarán ese mensaje, dirigiendo la responsabilidad directamente hacia Felipe González.El portavoz del Grupo Popular, Rodrigo Rato, señaló ayer que "si existe corrupción es en el Ejecutivo, por acción u omisión del Gobierno que preside Felipe González, la responsabilidad política está en el Gobierno del señor González".

Retirada en el Congreso

Los miembros de la dirección del Grupo Popular comparecieron ayer con cierta solemnidad en el Congreso para comunicar que se retiraban definitivamente de los trabajos para elaborar un nuevo reglamento del Congreso, y así se lo habían comunicado por escrito al presidente de la Cámara Baja, Félix Pons.

Cuatro elementos son citados por los populares para explicar su retirada. Las razones son que no habrá comisiones de investigación si lo impide la mayoría; no se podrá controlar al Gobierno de forma suficiente; tampoco hay garantías de control sobre el gasto público, y, por último, se van a aprobar unas pensiones para los parlamentarios que consideran un privilegio improcedente.

La retirada de los populares de estos trabajos significa que el PSOE tendrá que decidir si quiere o no seguir adelante con la reforma del reglamento sin el concurso del primer partido de la oposición.

La portavoz adjunta del Grupo Popular, Loyola de Palacio, que justificó la retirada de su grupo para no colaborar en hacer un reglamento que no equilibra las relaciones entre los distintos poderes del Estado. A su juicio, con el proyecto de reglamento en ciernes no se podrá controlar desde el poder legislativo la acción del Gobierno y el PP considera grave que el presidente sólo se vea obligado a responder a la oposición durante unos minutos cada semana por medio de tres preguntas. Se quejan de que no habrá posibilidad de que responda a interpelaciones y de que se deja fuera de todo control al vicepresidente del Gobierno.