Revuelo entre profesionales y pequeños empresarios de Italia ante la implantación de un nuevo impuesto

El Parlamento italiano ha iniciado el debate del impuesto mínimo propuesto por el Gobierno para profesionales, trabajadores autónomos y muy pequeños empresarios, a fin de reducir las posibilidades de evasión de estas categorías. El sistema estudiado en Italia es una adaptación del minimum tax vigente en Estados Unidos, e incluye una estimación objetiva de la renta, unida a la obligación de demostrar que la renta real es inferior a la estimada por parte del sujeto que pretenda pagar menos.El conocimiento del proyecto de ley, que forma parte del paquete normativo vinculado a los presupuestos generales del Estado para el próximo año, ha suscitado inmediatas protestas de los sujetos afectados por la reglamentación en estudio, que deberán contribuir a Hacienda con cantidades sustancialmente superiores a las que venían pagando.

A los comerciantes, por ejemplo, que en 1990 declararon como media 19,9 millones de liras (1.600.000 pesetas) al año, el nuevo proyecto legal les asigna una renta de 24 millones de liras para el titular y 14,4 millones de liras por cada familiar que trabaje en el negocio; pero esas estimaciones suben a 29 millones de liras y 17,4 millones de liras, respectivamente, si el comerciante tiene empleados.

Para arquitectos, ingenieros o médicos, que venían declarando en torno a los 54 millones de liras anuales, el proyecto resulta, en cambio, más benévolo, ya que les asigna una renta objetiva de 50 millones, la máxima establecida en las tablas.

Más que las estimaciones, que, en cualquier caso, serán fácilmente modificables durante el debate parlamentario, las protestas de los sujetos pasivos del proyecto de ley se refieren a la carga de la prueba que éste introduce. Este aspecto no estaba previsto en la primera versión del impuesto mínimo anunciada por el Gobierno junto con el primer borrador de los presupuestos, ya que entonces se dijo que el profesional o autónomo que declarara menos de lo que por ley le corresponde simplemente sería sometido a una investigación fiscal. En cambio, en el proyecto de ley, para pagar por una base imponible menor que la asignada, se exige prueba fahaciente de que se gana menos.

La introducción de un verdadero impuesto mínimo era una de las demandas más insistentes de los sindicatos, que combaten el proyecto de presupuestos por considerarlos poco equitativos. Las centrales sindicales han conseguido ya algunas satisfacciones en relación con los recortes del gasto que se habían previsto en pensiones y sanidad.

Por lo que se refiere a las primeras, el Gobierno admite ahora la posibilidad de actualizarlas en función del coste de la vida durante el próximo año.