El Consejo de RTVM revela irregularidades en la gestión de un ex director general

Las tres fuerzas políticas representadas en el Consejo de Administración de Radiotelevisión Madrid (RTVM), PSOE, PP e IU, han aprobado por unanimidad un informe sobre la contratación de producciones asociadas en Telemadrid entre junio de 1990 y junio de 1991, en el que se reconoce la existencia de diversas irregularidades. El informe, previa auditoría de Arthur Andersen, asegura que varios programas fueron contratados sin el correspondiente compromiso de gasto, sin conocimiento previo del área económico-financiera y sin firma de ningún órgano directivo. El periodo analizado se corresponde con la etapa de José María González Sinde al frente de la dirección general. Este periódico intentó ayer sin éxito localizar a González Sinde.Según el informe, "en la mayoría de los casos analizados, los compromisos firmados fueron remitidos al área económico-financiera con posterioridad a la firma del contrato. En otros supuestos, los compromisos de gasto fueron enviados no sólo con fecha posterior al contrato, sino con la única firma del órgano proponente, sin la de ningún directivo con capacidad para su aprobación, y en algunos casos sin ninguna firma". "No existe ninguna documentación por la que se pueda deducir cuáles han sido los criterios objetivos a la hora de seleccionar y evaluar los programas analizados", concluye el informe.

El Partido Popular (PP), según su portavoz en el Consejo y diputado regional, Antonio Beteta, ha decidido remitir a la Asamblea General de Madrid el informe y la auditoría para "depurar responsabilidades políticas y examinar si pueden existir actuaciones penales". Entre los casos analizados por el Consejo, se encuentra Mis crímenes favoritos, cuyo contrato fue firmado por González Sinde el 20 de diciembre y no se remitió a la Dirección Económico-Financiera hasta cinco meses después.

El Consejo también aprobó el pasado día 29 las cuentas de 1991. Según los datos anunciados por el PP, las pérdidas se elevaron a 9.754 millones de pesetas, 3.400 millones más que en 1990. Los ingresos publicitarios se redujeron un 20%; los gastos financieros pasaron de 906 millones a 2.230, y los arrendamientos alcanzaron los 2.046 millones. La deuda acumulada a finales de 1991 suponía 20.595 millones, según el PP. El informe de Arthur Andersen de 1991 asegura que "el patrimonio de la sociedad es negativo", lo que, según el PP, es una quiebra legal según la ley de sociedades anónimas.