Caen en Montevideo la etarra Rosario Delgado y toda una red de apoyo a la organización
Operación Dulce. Suma y sigue. El enésimo mazazo a ETA en lo que va de año se produjo el viernes en un restaurante vasco de Montevideo, donde se ocultaban algunos de los más sanguinarios activistas de ETA. Entre ellos figuran Rosario Delgado Iriondo y, presuntamente, Juan Jesús Narváez Goñi, detención no confirmada al cierre de esta edición. Las policías uruguaya y española seguían la pista de esta área de reposo de ETA en Uruguay -Integrada por varios restaurantes-, donde los activistas quemados acudían en espera de tiempos mejores para volver a la actividad terrorista. En la Operación Dulce ha caído una treintena de personas, en su mayoría uruguayos, y se estima en algo menos de 10 los etarras capturados.
Desde hace cerca de dos años, la comisaría general de Información, cuyo titular es Jesús Martínez Torres, investigaba a través del Servicio Central de Información, entonces dirigido por el comisario Juan Bautista Felices, un núcleo de conexiones entre uruguayos relacionados con los tupamaros y activistas de ETA. Hace año y medio, el secretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera, firmó un acuerdo con las autoridades uruguayas para intercambiar información y facilitar la presencia de policías españoles en dicho país.Las pesquisas sobre esta trama se facilitaron enormemente con dicho acuerdo. Los investigadores españoles determinaron que la organización terrorista había facilitado dinero a la media docena de etarras allí afincados para crear una infraestructura económica que les permitiera subsistir cómodamente y pasar desapercibidos. Entre los restaurantes surgidos con el dinero fruto de la extorsión etarra figura el Boga-Boga. La labor de los uruguayos consistiría en lavar la cara de los terroristas españoles, facilitándoles cobijo y documentación falsa.
Recientemente se tuvo conocimiento de que habían aterrizado en este área de reposo de ETA activistas distintos de los habituales. La sorpresa surgió cuando se comprobó que las caras de los recién llegados se correspondían con algunas de las que figuran en los carteles de los etarras más buscados, ex integrantes del comando itinerante, que dirigía José Luis Urrusolo.
Este grupo, que durante meses fue la desesperación del Ministerio del Interior, quedó seriamente tocado cuando el pasado mes de marzo la policía detuvo en Tarragona a uno de sus integrantes, Fernando Díez Torres, y reventó su infraestructura en Cataluña y Valencia. Rosario Delgado Iriondo y Juan Jesús Narváez Goñi salieron entonces a escape de su piso en Valencia.
Esta pareja es considerada responsable del asesinato del catedrático de Derecho y consejero de Estado Manuel Broseta.
Interior perdió su rastro, hasta que hace un par de semanas fue avistada una pareja sospechosa en Uruguay.
Entre ambos golpes policiales, se han sucedido las caídas de decenas de miembros de ETA, incluida su cúpula, en Bidart. La pareja, temerosa de que toda la infraestructura de ETA en Francia y en el País Vasco hubieran quedado al descubierto merced al filón que supone el incautado ordenador del detenido dirigente José Luis Álvarez Santacristina, Txelis, más los datos desvelados por el seguimiento de dicho terrorista durante semanas, acordó cambiar de aires. Y a fin de no desvincularse de la organización, decidió utilizar la base creada por ETA en Uruguay.
Aunque algunas fuentes de Interior recuerdan que ya se insinuó una posible desbandada de los activistas -Sabino Euba Cenarruzabeitia, Pelopintxo, fue detenido en París, camino de México-, mandos de la lucha antiterrorista afirman que no es la primera vez que los etarras recalan en Uruguay y luego regresan a la metralla cuando la organización lo ordena. En este sentido, precisan que si Rosario Delgado hubiera deseado desligarse de la banda, no habría acudido a esta embajada de ETA.
El jefe de inteligencia policial de Uruguay, Andrés Clavería, suscribe esta tesis al afirmar que "los españoles tenían salidas regulares para países europeos, incluidos España y Francia, y regresaban a Uruguay, que se sabe como base para preparar operaciones", informa Zelmar Lysardi. Clavería ironizó sobre el hecho de que los detenidos pidieran trato de preso de guerra: "El primer requisito para otorgar los derechos de los acuerdos de Ginebra es que estén uniformados y aquí no había uniformes".
Las primeras detenciones de los activistas se produjeron en el restaurante vasco de Montevideo La Trainera, ubicado en la zona residencial de Los Pocitos. Posteriormente, se producirían más detenciones en otros puntos.
Clavería dijo que "se trabaja intensamente en la identificación de los detenidos". El ministro del Interior, Andrés Ramírez, aseguró que "se trata de una operación muy importante que culmina todo un año de trabajo paciente y minucioso". El propietario de La Trainera es investigado por su presunto apoyo a los activistas con la aportación de documentación falsa y empleos.
La juez Milka Núñez comenzó ayer los, interrogatorios. El secretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera, viajará el próximo martes a Uruguay para seguir el caso.
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