La condena al alcalde de Burgos origina una crisis en la política del PP contra la corrupción

El Partido Popular (PP) se encuentra ante una crisis política al haber sido condenado por prevaricación el alcalde de Burgos, José María Peña -independiente, pero elegido bajo las siglas del PP- cuando José María Aznar está presentando a su partido como garante del restablecimiento de la transparencia en la política. Aznar resaltó ayer que la sentencia está recurrida, y renunció a forzar la dimisión de Peña. En cambio, la diputada Isabel Tocino pidió al PP que "llegue hasta las últimas consecuencias", y Rodrigo Rato, portavoz parlamentario, apeló a "las responsabilidades políticas" de todo cargo público.

El presidente del PP, José María Aznar, comunicó por la mañana a Peña que deja en sus manos la opción de dimitir y, tras desearle suerte en su recurso ante el Tribunal Supremo, le garantizó que el partido no le retirará la confianza hasta que el Supremo emita su sentencia. [Este tribunal tardará entre 15 y 18 meses en dictar su veredicto, La ratificación de la condena a 12 años de inhabilitación supondría la automática destitución del alcalde]. Con esa decisión, el PP transmite que prefiere soportar las acusaciones de mantener a un corrupto en un cargo a aceptar impasible, según sus dirigentes, ofensivas políticas del PSOE encubiertas en procesos judiciales.La decisión del PP responde a la convicción de sus máximos dirigentes de que "el poder socialista" ha teledirigido el proceso. Una prueba de la "politización" de la sentencia está, según ellos, en la referencia que hace a Aznar. En el texto se señala que el constructor Antonio Méndez Pozo -condenado a siete años de cárcel- hizo de mediador, en 1987, en los conflictos de la derecha burgalesa a instancias de Peña, "lo que no le impidió obtener la confianza de Aznar".

La cúpula del PP quiso dar a entender ayer que persiste en el pulso con Felipe González,

aunque él amenace a los demás con que van a perder, y aunque nos eche toda la porquería encima", según un portavoz popular.

El PP se encuentra en gran medida preso de la voluntad del alcalde de Burgos. Puesto que no es militante, para apartarle de la alcaldía los populares tendrían que recurrir a una moción de censura, y eso les resulta "muy duro", según un colaborador de" Aznar. Máxime, agregó, cuando Peña fue elegido por mayoría absoluta, ya procesado. (El alcalde aprovechó su presencia en la llegada de la vuelta ciclista para declarar: "Es una pena que tengamos este Gobierno, basado en un PSOE lleno de títeres, envidiosos, pigmeos y vagos").

Esa actitud de la cúpula del PP, que persigue también evitar una sangría de votos para Aznar en las próximas elecciones, choca con las tesis proclamadas con solemnidad e insistencia por el propio líder del partido. Hace tan sólo un mes y medio, los populares reprocharon al presidente del Gobierno que sostuviera en el debate sobre el estado de la. nación que no hay corrupción hasta que no lo dictamina una sentencia judicial. Y hace dos meses, Aznar se remitía a los órganos judiciales para "aclarar" si en el caso de la construcción había responsabilidades penales.

Un senador del Grupo Popular reconocía ayer que la actitud adoptada por la dirección de su partido es más grave que la afirmación de González en el Parlamento, puesto que plantea que no hay corrupción hasta que la constata el Tribunal Supremo.

En una claro distanciamiento, Isabel Tocino pidió a su partido que llegue "hasta las últimas consecuencias" en los casos de corrupción. Más cauto, Rodrigo Rato, portavoz parlamentario, reconoció que "un político tiene responsabilidades políticas", aparte de las penales, y aseguró que el PP "no va a eludir las que le afectan".

Consultas informales

Aznar tomó por la mañana la decisión de mantener al alcalde de Burgos en una reunión con el secretario general del PP, Francisco Álvarez Cascos; el secretario de organización, Mariano Rajoy; el presidente del PP de Burgos, Juan Carlos Aparicio, y tres personas más. Por la tarde consultó a otros dirigentes, entre ellos Juan José Lucas, presidente de Castilla y León, sin convocar a la ejecutiva, para evitar la sensación de "situación trágica".

Pero los máximos responsables del PP, que confiaban en aprovechar los próximos meses para aumentar su credibilidad como alternativa de Gobierno, se ven obligados de nuevo a invertir grandes esfuerzos para sacurdirse los casos de corrupción. El presidente de Cantabria, Juan Hormaecha, se encuentra procesado desde el pasado 24 de abril por prevaricación y malversación de caudales públicos. Hormaechea declaró ayer que su caso y el de Peña "no guardan ninguna similitud". Dentro de un mes, el Supremo iniciará el juicio del caso Naseiro, en el que se dilucidará una acusación de cohecho, en grado de conspiración, para cobrar comisiones para financiar al PP.

Un dirigente del PP aseguró anoche que, según el cómputo de su partido, TVE dedicó entre el jueves y el viernes al caso de la construcción más tiempo que en todo 1991 al caso Juan Guerra.

Po¡otra parte, la portavoz del Gobierno, Rosa Conde, declaró que el PP "debería acostumbrarse a respetar las decisiones judiciales, como hace el Ejecutivo".