Expulsados de España los extranjeros que se manifestaron contra la Expo

La policía de Sevilla continuó ayer la repatriación de los más de 50 ciudadanos extranjeros que fueron detenidos durante los incidentes producidos en la capital andaluza en los actos organizados contra la celebración del V Centenario y la inauguración de la Expo 92 los pasados días 19 y 20. La Delegación del Gobierno en Andalucía firmó ayer los últimos decretos de expulsión de los detenidos.

Estos últimos decretos afectan a una docena de personas, según fuentes de la Brigada de Extranjería, que serán repatriados en avión en las próximas horas. Por otra parte, a primera hora de ayer 36 ciudadanos, todos ellos residentes en Alemania, habían llegado a la frontera hispano-francesa de La Jonquera en transporte policial y con expedientes de expulsión. Todos los repatriados habían sido puestos en libertad sin cargos por los jueces de Sevilla.La fórmula empleada por el Ministerio del Interior para conseguir ineludiblemente que estos ciudadanos tuvieran que abandonar el país ha sido la siguiente. Primero su puesta a disposición judicial: 82 personas entre extranjeros y españoles prestaron declaración ante los juzgados de Instrucción 14 y 16 de Sevilla, que decretaron el ingreso en prisión de 11 personas, cuatro de ellas extranjeros acusados de atentado y desórdenes públicos.

Para aquellos para los que los jueces decretaron su puesta en libertad por no haberse podido demostrar su participación en los hechos, y a petición del Ministerio Fiscal, se encontró la fórmula jurídica de no formular cargos y dejar expedita la vía de expulsión gubernativa en aplicación de la Ley de Extranjería. La policía volvió a hacerse cargo de los detenidos, ingresados en sus propias dependencias, mientras en la Delegación del Gobierno se firmaban los decretos de expulsión.

Decisión polémica

El problema que suscitaba la repatriación de los ciudadanos detenidos pertenecientes a países de la CE -con derecho de libre circulación por territorio comunitario-, se ha solucionado enviando a las autoridades fronterizas la orden de expulsión para que en caso de que regresen se pueda actuar contra ellos por desobediencia a la autoridad.

Con el resto de detenidos -fundamentalmente ciudadanos escandinavos y de otros países europeos no comunitarios como Suiza y Austria- se ha seguido el procedimiento de expulsión en función de los convenios bilaterales entre estos Estados y nuestro país. Los europeos serán repatriados en avión con el expediente de expulsión que conlleva la prohibición para entrar en España durante un periodo de tres años.

La fórmula empleada para la expulsión de estos ciudadanos ha suscitado que un abogado sevillano que ha prestado servicio jurídico en el caso y Karl Heisel, profesor alemán de la Universidad de Sevilla, denuncien ante el Defensor del Pueblo la injusticia que se puede cometer al amparo de una laguna de la Ley de Extranjería. "Es injusto que a un ciudadano que los jueces han dejado en libertad sin cargos se le pueda a continuación expulsar por esta vía", señaló Heisel, quien está elaborando un informe de los hechos acontecidos para remitirlo a Álvaro Gil Robles.