Una docilidad pagada con el relevo

Los dos años de Leopoldo Torres Boursault como fiscal general del Estado son la historia de un político dócil al Ejecutivo, pero sin capacidad para dominar a una carrera fiscal cuyos miembros tienen una concepción de la misma muy diferente a la de los sucesivos ministros de Justicia socialistas, empezando por Fernando Ledesma y terminando por Tomás de la Quadra-Salcedo. La decisión de Torres de ponerse al frente de la rebelión de los fiscales ha terminado con una situación que ha conducido al fiscal general a dimitir y al Gobierno a aceptarle su propuesta.Torres, de 51 años, está casado y es padre de cuatro hijos. Abogado de profesión desde 1965, ha sido militante del PSOE y UGT desde 1973 y miembro del Comité Federal del PSOE. Como profesional del Derecho, destaca su pertenencia al Comité Europeo para la Prevención de la Tortura desde julio de 1989 hasta su nombramiento como fiscal general.

Como parlamentario, comenzó su actividad en 1979, cuando fue elegido diputado por Guadalajara. En las elecciones legislativas de octubre de 1989, Leopoldo Torres no salió elegido senador, por Madrid, pese a ser candidato in péctore a la presidencia del Senado.

El 26 de enero de 1990 fue nombrado por el Gobierno fiscal general del Estado, cargo en el que sustituyó a Javier Moscoso. Su llegada a la Fiscalía General del Estado estuvo marcada por la presentación de una querella contra el diario El Mundo, que no fue admitida a trámite.

Falta de independencia

La crítica más extendida a la gestión de Torres ha sido la supuesta falta de independencia respecto del Gobierno, y el condicionamiento de su gestión a los intereses del Ejecutivo. Torres ha pedido que se revise la idea de un fiscal implacable, acusador a ultranza, al tiempo que clamaba por un reforzamiento de su papel. También se ha pronunciado en favor de ampliar la despenalización del aborto.

A comienzos de marzo de este año hubo un fuerte encontronazo entre Torres y el ministro de Justicia, Tomás de la Quadra-Salcedo, como consecuencia del informe del Consejo Fiscal, elevado al ministro, pero cuyo destinatario último era el presidente del Gobierno. El informe, muy crítico, mencionaba como problemas más acuciantes la falta de medios para desarrollar su trabajo y la falta de sensibilidad del Ejecutivo hacia las necesidades de la fiscalía. Su permanencia en el cargo quedó en entredicho desde el comienzo del conflicto.

Por otro lado, con la detención de un comando de ETA en octubre de 1991, se conocieron los planes terroristas de atentar contra Torres por el procedimiento de la carta o paquete bomba.