Una resolución de la Asamblea "insta" a presentar una moción de confianza
El pleno de la Asamblea de Madrid sometió anoche al presidente de la Comunidad, Joaquín Leguina, a un serio correctivo político al imponer la oposición de centro derecha, por un solo voto de margen, una resolución por la que Leguina debería someterse a una cuestión de confianza. La renuncia, en la mañana de ayer, de la diputada socialista Elena Flores, que ha sido elegida senadora por Guadalajara, impidió al PSOE mantener un voto con el que apuntalar el empate permanente entre las fuerzas políticas de la Cámara. La resolución no obliga jurídicamente al presidente madrileño, que manifestó que no va a cumplir la petición aprobada.
Los votos del Partido Popular (30), CDS (16), unidos a dos de los tres del Grupo Mixto (el del ex centrista Fernando Lanzaco y el del ex popular José Luis Ortiz) propiciaron la reprobación moral de Leguina, que sólo se vio asistido por su grupo, los siete diputados de Izquierda Unida y por el parlamentario del Grupo Mixto Nicolás Piñeiro. En total fueron dos las resoluciones presentadas en este sentido, una por José Luis Ortíz y otra por el PP. Ambas fueron votadas separadamente con idéntico resultado: 48 a47.La oposición, ante la baja todavía no cubierta de la diputada socialista, aprovechó para reclamar la presencia en la Asamblea, minutos antes de las votaciones, del diputado del CDS Francisco Sánchez Herrera, quien acompañaba a su hijo que iba a ser sometido a una operación quirúrgica, según reconocieron fuentes centristas. Así se aseguraba el triunfo de la propuesta.
Todos los grupos parlamentarios estuvieron de acuerdo en reconocer que los acuerdos refrendados tras un debate sobre el estado de la región como el que se ha venido celebrando en los dos últimos días no vinculan jurídicamente al Gobierno autónomo al tratarse de simples orientaciones políticas.
Leguina declaró al término de la sesión parlamentaria que no piensa someterse a la confianza de la Cámara "que por otra parte no obtendría, al no tener la mayoría absoluta de los escaños (49)". Tras reiterar su oferta del acuerdo por Madrid que planteó en la primera sesión de este debate, Leguina acusó a la presidenta de la Cámara, la centrista Rosa Posada, de haber hecho "un uso dudoso de la legalidad" al forzar el espíritu del reglamento de la Asamblea.
El dabate sobre el estado de la región estuvo paralizado durante casi dos horas en la tarde de ayer al reclamar el Grupo Socialista sobre la supuesta legalidad de la propuesta de moción.
Recurso al Constitucional
La mesa de la cámara requirió con urgencia la presencia de los letrados de la Asamblea quienes dieron luz verde a la iniciativa. El vicepresidente primero de la Cámara., el socialista Javier Ledesma, aseguró que los juristas de la Asamblea realizaron su informe "verbalmente y de manera improvisada", por lo que anunció la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional para anular el acuerdo sobre la moción de confianza.Según las opiniones expresadas por IU y el PSOE el reglamento de la Cámara prohibe expresamente la presentación de propuestas que impliquen mociones de censura o cuestiones de confianza durante los debates del estado de la región.
Alberto Ruiz Gallardón, Portavoz del PP, sentenció por su parte que "Leguina es un hombre acabado en la Comunidad" y añadió: "La Asamblea le ha reprobado y debe someterse a su confianza y dimitir para salir de la crisis que atraviesa la cámara". El portavoz centrista, Gerardo Harguidey, rechazó que hubiera existido un alineamiento político con el PP y calificó la votación de meramente puntual.
En las sesiones de la mañana, los grupos de la oposición aprovecharon para centrar los discursos en el bloqueo de la Asamblea, asunto que rehuyó anteayer el presidente de la Comunidad, Joaquín Leguina. El PP y el CDS pidieron la dimisión de Leguina y pusieron duras condiciones para colaborar en el acuerdo por Madrid propuesto por el presidente.
Gerardo Harguindey, portavoz del CDS, crítico la gestión socialista y expresó las que serían las líneas para un posible acuerdo: el requerimiento de más competencias al Gobierno central, la realización de una política de bienestar social y otra para paliar los desequilibrios territoriales, el aumento de la inversión pública, la creación de suelo y viviendas sociales y la lucha contra la marginación.
Alberto Ruiz Gallardón, portavoz del PP volvió a insistir en que la única salida que tiene Leguina es la dimisión. "Permita que se nos dé la oportunidad de formar una nueva mayoría y si no lo conseguimos entonces vayamos a las elecciones", afirmó.
Sin embargo, el portavoz popular abrió un resquicio a la colaboración para los presupuestos de 1990, aún no presentados en la Asamblea. El proyecto, según Ruiz Gallardón, debería contemplar más inversiones, menor gasto público y "un compromiso de mejora de los servicios".
Isabel Vilallonga, portavoz de IU, defendió la convocatoria de elecciones anticipadas. "Porque estamos en una situación en la que no se trata de elegir entre Leguina y Ruiz Gallardón, sino entre Leguina y el caos", explicó.
Nicolás Piñeiro, el integrante del Grupo Mixto que con su abstención salvó a Leguina de sucumbir a la moción de censura presentada por el PP y el CDS, se reafirmó en su línea regionalista: "Las pugnas de los partidos nacionales están ralentizando las instituciones". José Luis Ortiz, también del Grupo Mixto, reprobó la gestión de Leguina. "El Gobierno regional carece de fuerza moral para mantenerse".
Leguina replicó a estas intervenciones recordando que tiene la mano tendida para conseguir lo que en el discurso de apertura denominó acuerdo por Madrid: un pacto político para que las administraciones central y municipal colaboren para buscar soluciones a los problemas de Madrid.
