Pobres, viejos y abandonados

Un polémico informe elaborado por Cáritas en 1984, a instancias del Ministerio de Trabajo y de la Dirección General de Acción Social, calculaba que en España había ocho millones de pobres. Esta cifra -asumida hasta ahora como válida por la mayoría de las entidades dedicadas a la asistencia social, pero fuertemente cuestionada por la Administración- englobaba no sólo a las personas declaradas tradicionalmente como indigentes, sino también -según los criterios aplicados por la Comunidad Europea (CE)- a todas aquéllas cuyos ingresos no superaban la mitad de los ingresos medios netos por persona (12.500 pesetas mensuales). El 20% de las familias que vivían en ciudades de más de 250.000 habitantes tenía ingresos inferiores a tal cantidad.Según las conclusiones del informe, el estado de pobreza es consecuencia de una aguda desigualdad social (en las áreas urbanas, el 10% de las familias disponía del 40% de la renta, mientras que el 21,6% ingresaba sólo el 6,9%), fruto de un problema estructural agravado por la crisis económica y el paro.

Con el mismo criterio, un estudio presentado en 1988 por el Instituto de Estudios Metropolitanos de Barcelona -basado en una encuesta de 1986- llegaba a conclusiones parecidas, e incluía en la definición de pobre al 23,5% de la población del área metropolitana de Barcelona (tres millones de personas).

Una familia de cuatro personas cuyo único ingreso fuera el del salario mínimo interprofesional (46.680 pesetas mensuales)quedaría así considerada como pobre, al igual que la mayoría de los jubilados y pensionistas españoles, el 75% de los cuales cobra pensiones por debajo de este salario mínimo.

Un reciente estudio, aún por concluir, elaborado por un grupo de sociólogos españoles para la CE, cifra en al menos dos millones de personas el número de pobres en España. El informe, cuyos resultados contrastan con los anteriormente citados, no ha podido contar, sin embargo, con los datos de que dispone el propio Ministerio de Asuntos Sociales.Arma arrojadiza

La existencia de la pobreza, siempre incómoda para el poder, se convierte muchas veces en arma arrojadiza. Ejemplo de esto último son las acusaciones, nunca demostradas, vertidas el pasado mes de agosto por la concejala de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Madrid contra el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Catalunya por el supuesto envío de 500 mendigos.

La Fundación Familia y Bienestar Social, de tendencia democristiana, indica que 2,5 millones de familias españolas carecen de ingresos o los tienen por debajo de 30.000 pesetas mensuales. La fundación ha propuesto, para paliar tal situación, el establecimiento de una pensión mínima por esa misma cantidad, que costaría según sus cálculos unos 750.000 millones de pesetas (aproximadamente el 5% del presupuesto del Estado). La propuesta no es nueva: el Gobierno vasco ha implantado un salario social para indigentes de 30.000 pesetas mensuales por familia. Actualmente, la pensión asistencial mínima, para aquellos que no tienen ningún otro tipo de ingreso, procede del Fondo de Asistencia Social (FAS) y se sitúa en 20.000 pesetas mensuales. La insuficiencia de las pensiones, tanto de jubilación como asistenciales, es un viejo problema, objeto de reivindicaciones sociales y de promesas electorales generalmente incumplidas. La necesidad de que la cuantía de la pensión mínima se equipare al salario mínimo fue una de las reivindicaciones incluidas por los sindicatos en la plataforma presentada al calor de la huelga general del 14 de diciembre de 1988. A pesar de que formaba parte del programa electoral del PSOE, la promesa no fue cumplida.

Tras el fracaso de las negociaciones entre Gobierno y sindicatos, el Ejecutivo aplicó un aumento del 6,3% para las pensiones más bajas, pero eso no fue suficiente. La pensión mínima se sitúa actualmente en 23.780 pesetas mensuales y la pensión media es de 36.400 pesetas. La atención social que presta la Administración en todos sus niveles resulta claramente insuficiente para paliar las situaciones extremas de pobreza, y propicia la actividad sustitutoria de numerosas entidades benéfico-privadas. Mientras la mayoría de países de la CE destina a acción social el 27% de su producto interior bruto, España sólo dedica el 17%, según cálculos de la Crida per la Renovació de la Seguretat Social, movimiento formado por médicos y abogados.

En el caso de los viejos, la incapacidad de la Administración para cubrir todas las necesidades en materia de centros geriátricos ha propiciado la proliferación de residencias privadas, que muchas veces escapan al control de los poderes públicos. Recientemente, el juez ordenó el ingreso en prisión de la propietaria de una residencia de ancianos de Vallvidrera (Barcelona) por el estado inhumano en que se encontraba un grupo de ancianas, después de que las inspecciones efectuadas por la Generalitat no descubrieran esta situación.

La creación del Ministerio de Asuntos Sociales, en julio de 1988, no ha hecho variar sustancialmente el problema ni ha resuelto la descoordinación entre las administraciones competentes (comunidades autónomas, ayuntamientos) y las instituciones privadas. A pesar de su corta vida, sin embargo, la actuación del nuevo ministerio ya ha originado conflictos: el reparto de las subvenciones procedentes del 0,52% del impuesto sobre la renta (IRPF) con destino no religioso, lo ha enfrentado con Cáritas, entidad vinculada a la Iglesia y la más importante de las entidades privadas de beneficencia.

Programas electorales

La cuantía de las pensiones forma parte de los programas electorales de los principales partidos en sus apartados relativos al bienestar social, y todos ellos se refieren en mayor o menor medida a la necesidad de equiparar las pensiones mínimas al salario mínimo interprofesional y de asegurar su revalorización automática conforme al coste de la vida. La excepción es el Partido Popular (PP), que propone calcularlo según la evolución de los salarios.

El programa del PSOE propone "equiparar la pensión mínima familiar con el salario mínimo neto", el PP se refiere a la equiparación de las "pensiones contributivas" con el salario mínimo en el plazo de un año, mientras que el Centro Democrático y Social (CDS) y Convergèncía i Unió (CiU) proponen la equiparación inmediata de la "pensión mínima", sin más concreción. Izquierda Unida (IU) añade a esto último la necesidad de incrementar el salario mínimo interprofesional hasta 50.000 pesetas.

Como propuestas más nuevas, el CDS propone invertir 300.000 millones de pesetas anuales en un salario social destinado a jóvenes en busca de su primer empleo y otros 200.000 millones para completar las actuales pensiones asístenciales. A este respecto, IU propone el establecimiento de pensiones asistenciales y un salario social (de 30.000 pesetas mensuales) para personas mayores de 65 años en situación precaria y personas que carezcan de prestaciones o subsidios, respectivamente. El PSOE anuncia un régimen de prestaciones no contributivas sin especificar su coste o su cuantía.

Sólo los socialistas y el CDS proponen de forma específica incrementar la construcción de centros geriátricos públicos y aumentar el control sobre las residencias de ancianos privadas.