Jueces para la Democracia denuncia el protagonismo policial y fiscal en la justicia penal

La dirección de la asociación judicial progresista Jueces para la Democracia ofreció ayer al congreso que se inició en San Sebastián un informe en el que se critica la reforma Múgica, por no haber superado los defectos del proceso penal como instrumento de control social, en el que perdura el protagonismo de la policía y de un ministerio fiscal que ha dado muestra de su dependencia del Ejecutivo en el caso Amedo.

El centenar aproximado de jueces y magistrados que asisten al congreso aceptaron el documento como elemento de debate, pero varios de ellos estimaron necesario que las conclusiones finales eleven el tono de la crítica tras el debate a fondo en dos comisiones que se realizará estos días.La primera decisión del congreso extraordinario de Jueces para la Democracia, inaugurado en el palacio de Miramar, fue acogida con grandes aplausos. Se trató de la elección como presidenta del congreso de la juez Elisabeth Huerta, famosa por el conflicto entre poderes que se produjo hace dos años por la negativa de la Guardia Civil, avalada por el Gobierno, a someterse a ruedas de reconocimiento ordenadas por la juez Huerta en la investigación de un delito de torturas.

El presidente de la Audiencia Provincial de San Sebastián, Joaquín Giménez, y el miembro del secretariado de la asociación Luciano Varela, dieron la bienvenida a los congresistas, entre los que figuran representantes de Uruguay, Nicaragua y de otros países.

Varela justificó el congreso por la necesidad de dar respuesta al momento político en el que la producción legislativa no respeta los valores constitucionales, "asignatura pendiente no superada", dijo. Otro miembro de la dirección de Jueces para la Democracia, el presidente de la Audiencia Provincial de Bilbao, Juan Alberto Belloch, expuso a los congresistas el informe de la comisión permanente -máximo órgano entre congresos-, sobre la reforma Múgica.

"Falta de coraje"

Belloch denunció la "falta de coraje" del Gobierno por no abordar conjuntamente la reforma procesal global y un nuevo Código Penal, a fin de dar "entrada definitiva e integral al orden de valores y bienes jurídicos proclamados en la Constitución".

Belloch señaló que la justicia penal mantiene el tradicional control social, pero no contribuye a una transformación de la sociedad, sino que consolida la actual situación y mantiene, dijo, "de manera intacta las causas reales de los fenómenos" que enjuicía. Denunció la hegemonía policial en el proceso y estimó los intrumentos aportados por la reforma Múgica como "insuficientes y en ocasiones contradictorios".

El informe de la comisión permanente critica también la interpretación "corporativista e interesada" que realizan algunos colegios de abogados sobre el turno de oficio en perjuicio de los defendidos. Belloch denunció otros aspectos de la reforma como la celebración del juicio en ausencia del acusado y la posibilidad de que éste se conforme con la pena pedida por el fiscal, en cuyo caso el juez se limita a ratificar lo acordado, "sin tan siquiera permitir una rebaja de la pena".