Inisel ha valorado en 7.000 millones los activos que han de ser transferidos a Amper

La empresa participada por Telefónica considera que la filial del INI ha desorbitado las cifras

Inisel, miniholding electrónico integrado en el Instituto Nacional de Industria (INI), valora en 7.000 millones de pesetas los activos que serán transferidos a Amper, la empresa participada por Telefónica, con vistas a la creación del nuevo grupo español de telecomunicaciones. El proyecto, que fue anunciado por el ministro de Industria, Claudio Arazadi, exigirá la intervención de un auditor externo, ya que la citada valoración no es compartida por Amper, que considera que lnisel ha desorbitado las cifras.

Del importe total solicitado por Inisel, 4.500 millones corresponden a la valoración de Pesa Electrónica, actual subsidiaria de Inisel.

Los 2.500 millones restantes se refieren a las líneas de telecomunicaciones civiles y militares del rniniholding electrónico del Instituto Nacional de Industria, entre las que destaca el programa Radite. La valoración se efectúa sobre la base de las perspectivas futuras de estos activos en base a los planes de inversiones previstos por el Ministerio de Defensa.

Por su parte, en medios de Amper existe la convicción de que esta cifra es desorbitada y no se ajusta en ningún caso al valor patrimonial neto que figura en los libros. Para la empresa filial de Telefónica, el valor máximo de estos activos gira en torno a la cifra de 1.500 millones de pesetas, lo que da una idea de la disparidad de criterios con que una y otra parte han abordado la negociación.

La creación de un nuevo grupo de telecomunicaciones en torno a Amper incluye también la integración en esta compañía de un total de 450 trabajadores de Marconi, la antigua filial de ITT que actualmente se encuentra en proceso de liquidación. Amper entiende que el valor patrimonial de Marconi es negativo y, en consecuencia, debe reflejarse en el saldo final de la valoración que ahora se discute.

Por el contrario, para Inisel, el problema de Marconi es un caso aparte, ya que la propiedad de esta última empresa es compartida con la propia Amper.

Tanto Inisel como Amper disponen de un 5% cada una de Marconi, quedando el 90% restante en manos del antiguo director general de la Seguridad del Estado, Julián Sancristóbal.

Fusión Entel-Eria

Por otra parte, las discusiones sobre este proyecto empresarial se han visto condicionadas por la negociación del acuerdo de integración de Entel y Eria, que fue anunciado también por el Ministro de Industria, Claudio Ararizadi, como punto de partida para la constitución de un grupo especializado en sofware de aplicaciones informáticas bajo control de Inisel.

Los responsables del holding público consideran que la fusión de Entel y Eria no puede separarse de la creación de la nueva Amper y aseguran que ambos proyectos formaban parte de un mismo compromiso.

Sin embargo, las negociaciones entre la Compañía Telefónica y el Instituto Nacional de Industria para llevar a cabo la operación de Entel y Eria se encuentran todavía en una fase preliminar, ya que hasta la fecha ni siquiera se han decidido las actividades de una y otra empresa filial que van a ser objeto de integración, Esta situación, unida a la falta de acuerdo sobre la valoración de los activos de Inisel, ha provocado el retraso en la formalización de los acuerdos para la constitución de la nueva Amper, motivando la intervención directa del ministro de Industria.

En realidad, el plazo señalado para culminar todo el programa expiraba en marzo, una vez transcurridos los tres meses que establecía el documento de intenciones firmado a finales del pasado mes de diciembre.

Claudio Aranzadi se ha visto obligado, finalmente, a tomar cartas en el asunto, exigiendo a Amper e Inisel un compromiso formal por escrito que garantice, al menos, la formalización del primero de los dos acuerdos; esto es, la creación del nuevo grupo de telecomunicaciones.

En consecuencia, la fusión de Entel y Eria se deja, por el momento, como asignatura pendiente para otro capítulo de negociaciones que deberán llevar a cabo la Compañía Telefónica y el Instituto Nacional de Industria.

* Este artículo apareció en la edición impresa del 0009, 09 de abril de 1989.

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