Magistratura falla en contra del Atlético de Madrid en el 'caso Ángel Castillo'

El presidente del Atlético de Madrid, Jesús Gil, y el ex secretario técnico del club Ángel Castillo tendrán que pactar la indemnización a percibir por el segundo en función del fallo de la Magistratura de Trabajo, ratificado después por la Audiencia, en el sentido de que su despido, hace más de un año, fue improcedente.Castillo, que dirige en la actualidad una agencia intermediaria en la contratación de futbolistas, volvió a un despacho del estadio Calderón ayer, 494 días después de haber salido de él, porque, en principio, el club le ha readmitido en su cargo, cuyo titular es ahora el ex jugador Rubén Cano. Pero en seguida comenzaron las negociaciones relativas a la indemnización para su marcha definitiva. Según la sentencia judicial, a Castillo le corresponden 3,5 millones de pesetas y 15 mensualidades a razón de 650.000 pesetas. Gil ha recurrido al Tribunal Supremo, pero, conforme a la ley, debe avalar estas cantidades.

Querella contra lbáñez

Por otra parte, informa Efe, Gil anunció ayer su propósito de presentar una querella contra el doctor Enrique Ibáñez, ex jefe de los servicios médicos del club, "por apropiación indebida de documentos". Gil se refiere a los historiales clínicos de los jugadores de la primera plantilla, que se encuentran en Mapfre, y a los resultados de las pruebas de esfuerzos risicos, que están en Sinapsis, centro del que Ibáñez es uno de los accionistas. "Si el concepto de moral de una persona se mide por este tipo de actuaciones", comentó Gil, "se demues tra la forma de actuar de Ibáñez durante su época en el Atlético".Para Fernando Pérez Espinosa, abogado de Ibáñez, lo que pretende Gil es "una salida para cruzar más las cosas porque ha sido admitida a trámite la querella que se le ha puesto por difamación". Ibáñez solicita de Gil una indemnización de 100 millones de pesetas por este motivo, independientemente del proceso que se sigue en Magistratura por lo que el médico considera su despido del club,- por el que pide 61 millones, y el presidente califica de dimisión.

El propio Pérez Espinosa matizó que los documentos en cuestión nunca estuvieron en el club,' sino en las clínicas citadas porque era en ellas donde se hacían los exámenes y donde, en consecuencia, debían estar.