La oposición se dispone a boicotear el debate de los Presupuestos si no se discuten sus enmiendas

La amenaza de boicoteo se cierne sobre el debate parlamentario de los Presupuestos del Estado para 1989. Si el Gobierno no admite a trámite la mayoría de las casi 1.200 enmiendas de la oposición, todos los grupos están dispuestos a presentar una proposición de ley conjunta para modilificar el reglamento del Congreso. En caso de que los socialistas mantengan criterios restrictivos, la reacción podria llegar a abandonar el pleno de la Cámara, según Manuel Renedo, de Alianza Popular.

Los primeros escarceos se han registrado este fin de semana al reunirse la mesa y la ponencia de la Comisión de Presupuestos. El Grupo Socialista ha expresado su voluntad de enviar al Gobierno, para que decida si se tramitan, todas las enmiendas que aumentan los gastos o disminuyen los ingresos presupuestados por el Ejecutivo. El proyecto gubernamental eleva el gasto de las administraciones centrales un 14%, hasta más de 16 billones de pesetas, y cuenta con el respaldo de la mayoría socialista para no reducir ni incrementar sus cifras.La oposición ha interpretado que se trata otra vez de devaluar o cercenar el debate presupuestario, pese a que debería ser el más importante de cada año. En sus contactos iniciales, los principales grupos (AP, CDS, Minoría Catalana, Democracia Cristiana y Partido Liberal) han estado de acuerdo en rechazar los argumentos de los socialistas. Por si se confirman sus sospechas, han hablado de presentar una proposición de ley conjunta para modificar el reglamento de la Cámara. Sería la primera vez que esto ocurriera desde 1977. Pero el muy probable rechazo de la iniciativa ha llevado al Grupo Popular a "no excluir ninguna otra respuesta".

La mayoría socialista se escuda en que la Constitución (artículo 134-6) dice que "toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación". Los reglamentos del Congreso y del Senado reproducen más o menos al pie de la letra esta disposición. Un informe de los servicios jurídicos del Congreso parece abrir vías intermedias. Pero la oposición coincide en que las prácticas restrictivas del Grupo Socialista imposibilitan el debate, al margen de que luego se rechacen las enmiendas admitida a discusión.

Primeras protestas

El año pasado la oposición abandonó la comisión de Presupuestos para protestar porque la mayoría socialista no aprobaba ninguna enmienda y para abrirse así paso al debate en pleno. Pero la negativa previa a tramitar las enmiendas nunca había tenido tanta respuesta, que se concretará cuando el Gobierno conteste a la pregunta de qué propuestas admite a debate, contestación esperada antes del miércoles.En total, han sido presentadas 1.300 enmiendas, aunque sólo el centenar que procede del Grupo Socialista tiene garantizada la aprobación. Estas modificarán los gastos en unos 17.000 millones de pesetas, elevarán en unos 7.000 millones las aportaciones de la banca al Fondo de Garantía de Depósitos que ha financiado la crisis bancaria con anticipos del Banco de España, suprimirán la afiliación obligatoria a las cámaras de la propiedad urbana y prorrogarán la permanencia en los fondos de promoción de empleo para algunos trabajadores con un gasto de 1.000 millones. El Grupo Popular, en sus 518 enmiendas, trata de reducir impuestos, garantizar el poder adquisitivo a funcionarios y pensionistas y suprimir varios ministerios (Justicia, Cultura, Relaciones con las Cortes, Asuntos Sociales y Portavoz del Gobierno). Una línea similar persigue el centenar de propuestas del Partido Liberal, que aspira a reducir el gasto en 50.000 millones. La Minoría Catalana ha presentado 286, el CDS 173 y la Democracia Cristiana 82.