Hacienda estima en medio billón de pesetas los impuestos evadidos en seguros con prima única.

La investigación sobre el dinero negro canalizado a través de seguros con prima única podría elevar la recaudación fiscal en medio billón de pesetas y amenazar con la cárcel a más de 2.000 titulares de dichas operaciones, según estimaciones realizadas por Hacienda. Pero los responsables del fisco han excluido de sus prioridades el perseguir a esos presuntos defraudadores. En los trabajos hay empleados menos de una docena de inspectores. Hacienda apenas ha logrado una treintena de nombres de personas a las que reclamar más de cinco millones de pesetas.

Fuentes del sector asegurador admiten, no obstante, que el fisco podría obtener todos los datos a pesar de que las compañías se niegan a facilitarlos. Las informaciones sobre el billón y medio de pesetas de dinero negro que estiman tales informes depositado en compañías de seguros durante los tres últimos años ni siquiera han recibido hasta el momento la orden de inspección prioritaria que, según las fuentes consultadas, se necesitaría para avanzar algo en estos trabajos. Sin embargo, las estimaciones en manos de los responsables de Hacienda revelan que tras el dinero de las primas únicas se encuentra la mayor bolsa de fraude fiscal que está al alcance de la Administración tributaria.La historia de este asunto empezó hace más de dos años. Al romperse el secreto bancario en 1986, el dinero negro que no se fiaba de la opacidad fiscal otorgada por el Estado a los pagarés del Tesoro, o que buscaba mayores rendimientos, se refugió en las compañías de seguros, con ayuda de la propia banca. Los bancos, para que algunos de sus mejores clientes no escaparan de su red, les ofrecían convertir los depósitos en seguros. Les prometían también rendimientos similares o mayores al 12% de las imposiciones a plazo fijo, aunque con total opacidad fiscal, generalmente con liquidez inmediata y, entre otras ventajas, sin el 20% de retención que pagan algunas rentas del capital.

A finales de 1986 salió un decreto para que las empresas enviaran a Hacienda la relación de operaciones superiores a 500.000 pesetas. Los grandes clientes, advertidos generalmente por sus bancos del peligro que corrían, se desembarazaron de sus pólizas de prima única. Sólo en los últimos días de diciembre hubo anulaciones de seguros por varios cientos de miles de millones de pesetas. Algunas estimaciones señalan que una cuarta parte del dinero procedente de los bancos pasó así a otros refugios, sobre todo al del mercado inmobiliario.

La huella desaparece

Desde principios de 1987 hasta la primavera de 1988, cuando se iniciaron las primeras inspecciones fiscales, bancos y compañías de seguros hicieron desaparecer la huella de las operaciones más comprometedoras. La visita de los inspectores había sido precedida por otras de la Dirección General de Seguros a una docena de compañías de seguros destacadas en la emisión de primas únicas; las revisiones de cuentas confirmaron que tales operaciones eran puramente financieras y poco o nada tenían de seguros, pues había pólizas de interés técnico cero. Hacienda ha realizado desde entonces varios amagos de inspección generalizada. No sólo le ha faltado un claro interés en seguir adelante, según afirman fuentes del mercado asegurador y del propio Ministerio de Economía. También algunas de las compañías afectadas han hecho alarde de que, si técnicamente habían cometido fallos, desde el punto de vista jurídico y político poco o nada tenían que temer ellas ni su clientela.

El resultado es que las compañías se han negado a dar los nombres de los grandes clientes. Aceptan que el decreto las obliga a enviar a Hacienda los nombres de los titulares de operaciones superiores a las 500.000 pesetas. Pero han esgrimido en defensa de los asegurados que el texto del decreto excluye las operaciones que debían llevar factura.

Como algunas aseguradoras han recurrido contra los intentos de inspección y en otras ni siquiera se han personado los inspectores, medio año después de iniciar su tarea Hacienda sólo dispone de una treintena de nombres de personas que pueden haber incurrido en fraude fiscal por sumar una deuda superior a los cinco millones de pesetas; además, no ha ultimado hasta el momento uno solo de estos expedientes.

Entre ellos figura el titular de una prima única de 250 millones de pesetas y que ni siquiera era declarante. Otro tenía 400 millones invertidos en seguros y declaraba renta por estimación objetiva singular, vía limitada a los empresarios que facturan menos de 50 millones al año.

La falta de voluntad de llegar hasta el fondo y de poder denunciar a más de 2.000 presuntos defraudadores ha sido apuntada en medios del seguro y admitida incluso en fuentes de Hacienda. Reconocen que hay menos de una docena de inspectores dedicados a la investigación. Los informes de Hacienda señalan, sin embargo, que un trabajo profundo podría traducirse en ingresos cercanos a los 500.000 millones de pesetas, principalmente porque los incrementos no justificados de patrimonio (caso generalizado en las primas únicas) deben tributar por el tipo máximo del impuesto sobre la renta, el 46% en 1986.