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Tribuna:

Francia, en estado de monarquía constitucional

El resultado de las cuatro elecciones que Francia ha conocido en siete semanas (dos vueltas presidenciales, después dos vueltas legislativas) no es tan malo como se dice. La triunfal victoria de François Mitterrand y el semidescalabro de los diputados socialistas no son contradictorios. La Asamblea Nacional no es ingobernable. El presidente no depende ni de los comunistas ni de los centristas. Desde luego, a primera vista, parece insólito que los ciudadanos hayan reinvestido a éste tras un resultado muy elevado (54% de los votos) y que ellos no hayan concedido a su partido la mayoría parlamentaria que todos los sondeos anunciaban y que había obtenido en 1981 en las mismas circunstancias (disolución por el jefe del Estado al día siguiente de la victoria).Pero un examen más atento nos muestra la lógica profunda que une estos resultados. El total de los sufragios de izquierda es exactamente el mismo en la primera vuelta de las dos elecciones: un poco menos del 50%. En la segunda vuelta de las presidenciales, la popularidad de François Mitterrand ha conseguido cerca de cinco puntos más, Pero no los ha recuperado en la segunda vuelta de las legislativas porque al reclamar una apertura hacia un centro impreciso y al criticar el Gobierno de un solo partido ha enmarañado la imagen del suyo y ha arrojado en junio a la abstención a una parte de los que le eligieron en mayo.

Con 276 diputados de un total de 577, el partido socialista estaría en una posición incómoda en la mayor parte de los Parlamentos europeos. Para hacer votar sus proyectos de ley y para evitar un voto de censura necesitaría encontrar en la izquierda o en la derecha los 13 votos que le separan de la mayoría absoluta. Y tendría que pagarlos caro. Pero la Constitución francesa coloca en una posición mucho más confortable a un partido que dispone de una mayoría relativa frente a una oposición dividida en dos fracciones extremas. En teoría, la suma de 276 socialistas y de 271 elegidos de la derecha puede permitir que se eche abajo o que se paralice a un Gobierno. Pero esta conclusión no puede hacerse en la oscuridad de los votos secretos o en la neblina de las abstenciones y de las ausencias como se practica en otros lugares.

En Francia un Gobierno sólo puede ser derrocado por una moción de censura propuesta por al menos la décima parte de los diputados y votada por la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea, presentes o ausentes, votantes o abstencionistas. Y "sólo son censados de nuevo los votos favorables a la moción de censura" (artículo 49 de la Constitución), de modo que las ausencias y las abstenciones se contabilizan en favor del Gobierno. Los 289 votos así requeridos sólo podrían ser reunidos si los comunistas (demasiado poco numerosos para plantear una moción de censura) votaran abiertamente una moción planteada por la derecha. Pero tal comportamiento del partido no sería aceptado por sus electores. A menos que se produzca un error excepcional, un Gobierno administrado sólo por los socialistas no es derrocable. Su duración está tan asegurada que conservará la confianza presidencial. La Constitución le permite también hacer adoptar sus proyectos de ley mediante el mecanismo del famoso artículo 49-3. Si deposita la confianza sobre un texto legal, éste será considerado como aceptado si no se plantea ninguna moción de censura en 48 horas o si ninguna moción de las planteadas obtiene los fatídicos 289 votos en las condiciones precedentes. De esta forma, el primer ministro Michel Rocard no tiene necesidad ni de los comunistas ni de los centristas para llevar a cabo su programa. Puede aplicarlo esgrimiendo el artículo 49-3, que también ha sido profusamente utilizado por la mayor parte de sus predecesores, especialmente por Jacques Chirac y Raymond Barre.

Este procedimiento es aplicable incluso a las leyes que habilitan para tomar ordenanzas, es decir, a aquellos decretos gubernamentales que tengan el poder de modificar las leyes. De esta forma fue utilizado por el primer ministro Pompidou después de las elecciones legislativas de 1967, que sólo habían otorgado a los gaullistas una débil mayoría: la seguridad social fue modificada por este mecanismo. Sin embargo, el artículo 49-3 no es aplicable a la ley de finanzas. Pero el Gobierno dispone para ésta de un arma todavía más eficaz: si no se vota el proyecto de presupuesto 66 días después de su promulgación, sus disposiciones pueden entrar en vigor por ordenanza. El Gobierno de Michel Rocard tiene los medios constitucionales para perdurar y decidir a pesar de la debilidad de su mayoría parlamentaria. No está a expensas de los comunistas ni de los centristas. Puede conservar y ejercer el poder sin ellos.

Sin duda, la prudencia política empuja al presidente de la República a ampliar la base parlamentaria de sus ministros. Ha sido elegido en base a este aspecto que no ha dejado de replantearse desde su victoria del 8 de mayo. Los sondeos muestran que dos tercios de los franceses desean un Gobierno que se apoye a la vez sobre los socialistas y los centristas. Estos últimos acaban de formar un grupo autónomo en la Asamblea Nacional bajo el influjo de Raymond Barre, que no ha descartado la idea de semejante alianza, ni siquiera la de conducirla como primer ministro. Igualmente se contempla una coalición mucho más amplia, que fue sugerida por Jean Lecanuet, presidente de la UDF (segundo gran partido de la antigua mayoría de derechas), durante la noche de las elecciones del 12 de junio: la unión nacional que asocie a todos los partidos (salvo al de Le Pen) para la construcción de Europa, tarea fundamental y difícil que justificaría un consenso semejante. Los comunistas rechazarían una proposición de este tipo, pero, en cualquier caso, ésta plantearía un problema al RPR de Jacques Chirac.

De todas formas, se necesita tiempo para que se plantee una coalición a nivel de Gobierno. Pero, en lo sucesivo, los comunístas, los centristas y los chiraquianos se han declarado dispuestos a apoyar a machamartillo aquellos proyectos que les parezcan aceptables, incluso aunque queden alejados de sus objetivos particulares. Por tanto, se puede prever un juego de mayorías alternativas: los socialistas haciendo votar ciertas leyes a la extrema izquierda, otras a los centristas y otras a toda la derecha. Sin contar con las que se adopten mediante el procedimiento del artículo 49-3. De esta forma, se va a poner en práctica un tercer tipo de V República: tras la monarquía absoluta de 1982-1986 y de la cohabitación 1986-1988, he aquí que se abre la era de la monarquía constitucional. Decididamente, las instituciones gaullistas son tan notables por su ductilidad como por su eficacia.

Traducción: Daniel Sarasola.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 27 de junio de 1988