Polémico inicio de la subida de las gasolinas en Canarias
La subida de precios de los carburantes y otras gasolinas que decidió para Canarias el último Consejo de Ministros entró ayer en vigor, pese a la fuerte oposición del Gobierno canario. El precio de la gasolina super pasa de 47 a 52 pesetas por litro, la normal sube a 47 y el gasóleo a 39 pesetas al por menor, mientras que la bombona de butano se encarece de 520 a 585 pesetas.El Gobierno canario interpondrá un contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo y otro ante el Constitucional, por considerar que la orden ministerial que ha decretado la subida de la gasolina en Canarias constituye una violación del procedimiento legalmente establecido, toda vez que "en 1984, con ocasión de las transferencias a esta comunidad autónoma, se le concedieron competencias compartidas en materia energética", según Lorenzo Olarte, vicepresidente del Ejecutivo autónomo.
Competencias
Para el número dos del gabinete gubernamental, después de aquella resolución del 84, todo lo relacionado con precios, en materia energética, debería verificarse coordinadamente, dada la concurrencia de competencias existentes entre la comunidad autónoma y el Gobierno central. "Esta coordinación", denuncia Olarte, "no existe en aquellos supuestos en los que el Gobierno se limita a elaborar un proyecto de decreto y a pedirnos únicamente observaciones". Tal es, a su juicio, lo que en esta ocasión ha ocurrido.Tanto para el titular de Industria y Energía como para el vicepresidente, la subida de los carburantes en Canarias, aprobada en Consejo de Ministros, debería haberse pospuesto hasta el mes de septiembre, como mínimo, con la finalidad de que desde aquí pudiésemos evaluar las consecuencias y medidas a adoptar en función de la evolución de los presupuestos y de las previsiones con respecto al próximo año", alega Olarte.
En el seno del Ejecutivo canario existe también un cierto malestar por las críticas vertidas por el ministro de Industria y Energía, Luis Carlos Croissier, en torno al impuesto sobre los carburantes, carga fiscal con que la comunidad autónoma cuenta y que a juicio de Olarte Cullen conlleva unas posibilidades inversoras "establecidas y estabilizadas", cuyo mayor exponente es un reciente plan de viviendas que cuenta con un presupuesto que superará los 40.000 millones.
Según el Gobierno central, informa Efe, la subida está justificada por el déficit acumulado por la compañía Cepsa, algo más de 1.000 millones de pesetas hasta el 20 de mayo, y por la negativa del Gobierno autonómico ante la reducción del impuesto especial sobre combustibles que existe en la comunidad autónoma. En el último pleno autonómico el Grupo Socialista pidió sin éxito la bajada.
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