FECSA resucita la amenaza de suspender pagos ante la negativa al plan de las cajas catalanas y algunos bancos
Fuerzas Eléctricas de Cataluña, SA (FECSA), exigirá el próximo 1 de noviembre volver a cotizar en las bolsas españolas, pese a que la propuesta de acuerdo de principio negociada con sus acreedores ha encontrado serias reticencias en dos de sus tres bancos tradicionales (Santander y March) y en las cajas de ahorro catalanas. Rafael Termes, presidente de AEB, ha sido encargado de eliminar, antes del próximo 25 de octubre, estas reticencias, centradas en el reparto de la participación en la ampliación de capital de 58.774 millones de pesetas que prepara la sociedad dentro de su proceso de saneamiento. El Consejo de FECSA ha renovado a su presidente la facultad para solicitar una improbable suspensión de pagos de la sociedad.
El presidente de FECSA, Luis Magaña, ha mantenido en las últimas dos semanas una rueda de entrevistas con los presidentes de seis de los siete grandes bancos españoles -así como con representantes de los cinco medianos y de las cajas de ahorro- que, de alguna manera, tienen intereses y/o riesgo en el sector eléctrico. Las reuniones fueron precedidas por una llamada a la colaboración del sector bancario en la solución de la crisis de la compañía por parte del secretario de Estado de Economía, Guillermo de la Dehesa, y del gobernador del Banco de España, Mariano Rubio, realizada dentro del marco de los almuerzos regulares del Consejo Superior Bancario.En dichas reuniones, Magaña expuso a los bancos un esquema de distribución de la prevista ampliación de capital de la sociedad que, si bien fue aceptado en principio, ha recibido en los últimos días una seria resistencia por parte del Banco Santander y del grupo March, considerados, junto al Central, como los bancos tradicionales de la empresa catalana. Según fuentes contrastadas, tanto el Santander corno el grupo March desean limitar la participación en la ampliación de capital que les ha requerido FECSA -3.300 millones de pesetas cada uno-, equiparándola al resto de entidades bancarias. Por su lado, el grupo Central ha aceptado la propuesta, al poder convertir parte de su riesgo crediticio en la sociedad (más de 20.000 millones) en capital solicitado. De la misma forma podrá hacerlo el resto de los siete grandes (con excepción del Popular, que nunca tomó riesgos en el sector eléctrico), que, junto al Sabadell, Herrero, Zaragozano y Pastor, deberán aportar 5.000 millones de pesetas entre todos.
Últimas gestiones
La postura del Santander y del grupo March se ha visto respaldada, por razones muy similares, por el grupo de cajas catalanas, a las que también se les ha pedido que aporten 10.000 millones de los, 15.000 millones de ampliación previstos para el conjunto de las cajas del Estado. Una gestión gubernamental era esperada para los próximos días ante la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) y la Caja Postal para tratar de limar estas reticencias. Rafael Termes, presidente de la AEB, ha quedado encargado de arbitrar las actuales diferencias entre, las entidades bancarias para antes del próximo 25 de octubre.
Por su parte, la participación de las empresas eléctricas en la ampliación (28.774 millones) se ha solventado, inicialmente, con el compromiso de ENDESA e Iberduero de hacer frente a más de 9.500 millones de pesetas cada una en el total de la ampliación. El resto se repartirá entre Ias sociedades que componen el conjunto de empresas integradas en Unidad Eléctrica (Unesa), a partes presumiblemente iguales.
Pese a estas dificultades, que han hecho que el consejo de FECSA renueve recientemente a Luis Magaña una autorización permanente para solicitar una poco probable suspensión de pagos de la empresa, la gestión de la eléctrica catalana confía en firmar el denominado acuerdo de intenciones (conocido como heads of terms dentro de la terminología que utiliza el comité de acreedores) con la totalidad de sus acreedores antes de final de mes.
La sociedad espera que, en la última semana de este mes, se despejen con bancos y cajas de ahorro los últimos interrogantes sobre la propuesta emisión de obligaciones (110.000 millones, aseguradas por bancos, cajas de ahorro y compañías de seguros) y de bonos convertibles (70.000 millones). Magaña se reunió ayer con responsables del Ministerio de Economía y Hacienda para negociar una previsible concesión de beneficios fiscales a ambas emisiones.
En lo que ya existe un acuerdo prácticamente cerrado es con la banca extranjera representada en el comité de acreedores en torno a la deuda en divisas. Se acepta el principio de la renegociación a 10 años, con un margen cero sobre el coste de fondos durante los tres primeros y con un periodo de gracia de cinco en los pagos de principal. La deuda en yen japoneses, por su lado, tendrá un reducción del margen de 0,625% en los tres primeros años, con el resto renegociado al vencimiento con margen nulo sobre el coste de los fondos.
Por otro lado, la compañía ha superado el pasado 10 de octubre uno de los obstáculos legales que se interponían en la obtención de un acuerdo con sus acreedores. En esa fecha vencían unos 16.000 millones en obligaciones emitidas por la sociedad entre particulares. A ellos se les ofreció, con el conocimiento del resto de acreedores, la posibilidad del prepago, lo que implicaba la ruptura del principio de igual de tratamiento a los distintos acreedores. Tan sólo un tercio aproximado de los tenedores (por un importe de 5.800 millones) se acogió a la modalidad ofrecida.
