Andorra, una realidad social medieval

LLUIS VISA El Consejo Sindical Interregional Pirineos-Mediterráneo (CSI), formado por los sindicatos franceses CFDT y FO y por UGT de Cataluña, han decidido, de acuerdo con la Asociación de Residentes Andorranos (ARA), presionar a los Gobiernos español, francés y andorrano y a la Comunidad Europea para que las autoridades andorranas culminen el proceso de modificación legislativa emprendido recientemente y reconozcan los derechos laborales y sindicales de los 20.000 trabajadores extranjeros que residen en el principado.

Un colectivo formado por más de 20.000 trabajadores extranjeros, de los que unos 17.000 son españoles, se ha propuesto transformar la realidad social de Andorra, calificada de medieval por los propios trabajadores y sindicatos. Andorra, un Estado cuya superficie no llega a 500 kilómetros cuadrados, funciona a base de una compleja organización institucional que no ha sabido ponerse a la altura de los tiempos.Andorra no es Mónaco, ni Suiza. Muchos de los asalariados que trabajan en este complejo Estado lo comparan incluso con Suráfrica. Lejos de su pomposidad comercial, de los lujosos coches de importación y de las periódicas invasiones de turistas y contrabandistas, crece un auténtico drama social que convierte a la masa de emigrantes asalariados en ciudadanos de tercera fila, sin derechos y sin ningún tipo de respaldo ante los abusos propiciados por una legislación hecha a la medida de la clase patronal.

Recientemente sindicatos y trabajadores han analizado y debatido la problemática laboral, social y jurídica de este colectivo. Se ha podido constatar que la rápida evolución de la economía andorrana no ha estado acompañada por una evolución paralela de su cuerpo legislativo. Los trabajadores extranjeros en Andorra se ven sometidos a la más absoluta arbitrariedad y carecen de los más elementales derechos reconocidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), tales como la libertad de asociación, de expresión, de representatividad y derecho a la huelga. Andorra todavía no ha borrado de sus textos legales la pena de muerte, aunque en la práctica esté abolida.

Justo Domínguez, secretario general de UGT de Cataluña, no descarta llevar a cabo determinadas acciones de presión para llegar incluso a bloquear las negociaciones iniciadas por Andorra para su integración en la Comunidad Económica. "No tenemos ningún interés por llegar a estos extremos, pero si no hay más remedio lo haremos. Ahora lo que haremos será recomendar a las autoridades internacionales que a la vez que se establezcan vínculos comerciales y económicos con Andorra, se establezcan también esos vínculos en el campo de la libertad sindical".

Despido fácil

En Andorra, al no existir una mínima legislación reguladora del despido, éste se efectúa con total impunidad mediante un simple comunicado por carta certificada. A veces, ni este requisito se lleva a la práctica. La legislación andorrana no recoge tampoco los derechos sindicales y de asociación, y la pérdida del empleo en Andorra supone la necesidad de abandonar el país, con lo que se traslada el coste económico de la nueva situación del trabajador a la Administración española.

En un documento redactado al término de unas jornadas celebradas recientemente en la Seu d'Urgell, los sindicatos citados han instado al Gobierno andorrano a reconocer la libertad sindical y el resto de libertades reconocidas por la OTI, así como a dar participación a los auténticos interlocutores sociales en el proceso de modificación legislativa iniciada en este país recientemente. También subrayan la necesidad de crear una oficina laboral permanente del Estado español en Andorra y el reconocimiento del carácter de fronterizos para todos los trabajadores que cumplen los requisitos recogidos por la legislación comunitaria de 1985. Más de 600 vecinos de la Seu y comarca se desplazan diariamente a Andorra para trabajar.

Las cotizaciones medias de la Seguridad Social en Andorra son muy bajas, sobre todo en los sectores de la hostelería y comercio, en los que se incumple descaradamente la legislación laboral en lo que se refiere a horas extras, días festivos y condiciones de seguridad e higiene en el trabajo. En Andorra se legisla sólo el salario mínimo, que es de 54.000 pesetas y afecta a más del 50% de los trabajadores. Con esta cantidad es dificil sobrevivir si se tiene en cuenta que el alquiler de una sencilla vivienda cuesta entre 30.000 y 35.000 pesetas como mínimo.

Contrariamente a lo que pueda parecer, sin embargo, el salario mínimo andorrano no es superior al de España, ya que se calcula según las horas. La jornada laboral en Andorra es de 44 horas semanales, 16 más al mes que en España. Ello hace que en este pequeño país, cuya población ha pasado de 8.400 habitantes en 1960 a cerca de 46.000 en 1986, exista un colectivo cada vez más minoritario que ostenta la riqueza y otro mayoritario que cada vez es más pobre.