El recurso de varias cajas de Castilla y León retrasa hasta el otoño la renovacion de la cúpula de la CECA

La renovación del mando en la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), última fase del proceso electoral que afecta a las 77 cajas españolas, se demorará al menos hasta el próximo otoño, ahora como consecuencia de los problemas surgidos en la zona de Castilla y León. Antes, el Tribunal Supremo debe pronunciarse sobre algunos de los motivos que han llevado a paralizar la aplicación de la ley de órganos rectores de este 42% del sistema financiero en la mayoría de las cajas que integran la federación castellano-leonesa.

La última asamblea general ordinaria de la CECA, denominada por varios medios económicos como "la del canto del cisne", fue, la pasada primavera, una especie de despedida pública de los presidentes de las cajas de ahorro y de algunos directores generales que forman parte de la misma. Muchos de ellos pensaban que estarían ausentes de la siguiente, ya nutrida por caras nuevas.

De las 11 entidades dependientes de Castilla y León, sólo una -la Provincial de Valladofid- lleva el proceso electoral a un ritmo similar al de la mayoría de las cajas españolas, en las cuales podría concluir la próxima primavera. Las otras 10, que manejan cerca de 800.000 millones de pesetas, han sido influidas de alguna forma por el auto de suspensión del proceso que dictó la Audiencia de Valladolid.

Esta caja, en la que tiene mayoría el Ayuntamiento, gobernado por Alianza Popular, interpuso un recurso contencioso administrativo contra el decreto mediante el que la Junta de Castilla y León desarrolló la ley de órganos rectores de las cajas. Al mismo tiempo, la Municipal de Burgos pidió con éxito la suspensión de la norma.

Recurso contencioso

Aunque la cornunidad autónoma ha solicitado ante el Tribunal Supremo que levante esta suspensión, fuentes del Gobierno autonómico estiman que el alto tribunal tardará al menos uno o dos meses en pronunciarse sobre esta formalidad. Sobre el fondo del asunto deberá fallar primero la audiencia y luego el Supremo. Así, podría permanecer abierto un mínimo de tres o cuatro años. Incluso si el Supremo decide levantar la suspensión, no se espera que todas las cajas castellanoleonesas hayan elegido antes del otoño a sus nuevas asambleas y consejos, paso que la ley de órganos rectores considera necesario para proceder a la renovación en la Confederación Española de Cajas de Ahorro.Adicionalmente al pleito provocado por la Municipal de Burgos, tras el cual algunos medios del sector dicen ver la mano de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Palencia, otras dos cajas han recurrido también el decreto de la Junta de Castilla y León,y podrían lograr efectos similares. Se trata de la Popular de Valladolid y del Círculo de Obreros Católicos de Burgos.