El juez cita a declarar el próximo 5 de febrero a Garnica, López de Letona y Sainz de Vicuña

El juez Eladio Galán Cáceres, titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Madrid, ha llamado a declarar el próximo día 5 de febrero a los dirigentes de Banesto Pablo Garnica (presidente), José María López de Letona (vicepresidente-consejero delegado) y José María Sainz de Vicuña (consejero), en relación con la querella criminal presentada por la familia Coca. El juez notificó ayer a las partes el auto por el que se estima a trámite la parte de la querella relativa a falsedad de documento mercantil y usura, y remite el juez del 32 la parte correspondiente al delito contra la vida e integridad de Ignacio Coca.

El juez Galán notificó a las 13.30 horas de ayer al procurador Federico Olivares, el auto por el que admite a trámite parte de la querella de la familia Coca contra los máximos dirigentes de Banesto. El auto confirma (véase EL PAÍS de ayer) la parte de la querella referente a los delitos de, falsedad en documento mercantil y estafa, y deniega la parte correspondiente al delito contra la vida e integridad de Ignacio Coca. En relación a este último aspecto, el juez considera que es procedente "deducir testimonio de particulares comprensivo de la querella, documentos presentados y de la presente resolución, y remitir el mismo a dicho juzgado del 321 para que conforme a derecho se resuelva, y puesto que se, refiere la parte querellante a la comisión de un delito perseguido de oficio, por si procediera de oficio, o a instancia del Ministerio Fiscal o de las partes, la continuidad de la causa, una vez conozca ese juzgado de cuantos hechos y datos se relacionan en la querella y que pudieran entonces y en aquella fecha resultar ignorados por el juzgador que resolvió en aquel proceso".

Las diligencias

El Juzgado de Instrucción número 32 fue el que entendió sobre el suicidio del banquero Ignacio Coca, que se pegó un tiro en la cabeza el pasado 26 de junio.

En cuanto a los delitos de falsedad y estafa, el juez admite a trámite la querella, procediéndose a abrir las diligencias. La primera será la declaración el próximo día 5 de febrero de Pablo Garnica (a las 10.00 horas), José María Sainz de Vicuña (11.30 horas) y José María López de Letona y Nuñez del Pino (13.00 horas). Sin embargo, el juez no cita a Manuel Igea, el cuarto directivo de Banesto citado en la querella.

El juez entiende que, por el momento, no se hace necesaria la responsabilidad civil sobre la situación personal de los querellados, incluida, la subsidiaria de Banesto.

Paralelamente, el magistrado Galán pide a Banesto que remita al juzgado los originales de las pólizas de crédito personal que suscribió Coca, y a la familia los requerimientos de pago hechos por Banesto tanto en fechas anteriores al fallecimiento del banquero, como los posteriores hasta la presentación de la querella criminal. También pide a Banesto una copia de la escritura de su fusión con el Banco Coca, así como los convenios suscritos entre Coca y los hombres del banco referidos a diciembre de 1977 (aquel en el que Banesto se compromete a nombrar a Ignacio Coca vicepresidente del banco y dos consejeros provenientes de la parte de los Coca) y septiembre de 1983 (el reescalonamiento de la deuda, que en aquel momento llegó a superar los 80.000 millones de pesetas, a los cuales respondió Coca entregando bienes por valor de 53.000 millones, según el texto de la propia querella).

Marcial Fernández Montes, abogado defensor de los Coca manifestó su satisfacción por el auto del juez; sin embargo, los portavoces de Banesto mantuvieron silencio sobre el tema. El abogado del banco, José María Stampa Braun, mantenía una reunión con la cúpula del banco a última hora de la tarde de ayer. Fuentes jurídicas indicaban que lo más probable es que Banesto interpusiese recurso de reposición ante el juez, y si no hubiese lugar, recurso frente a la Audiencia Nacional.

La resolución del juez Galán puede suponer un revés para los planes del primer ejecutivo de Banesto, José María López de Letona, que había anunciado su intención de llegar a la junta general de accionistas, que se celebrará el próximo 24 de febrero, con el caso Coca resuelto. Letona tenía previsto cerrar el asunto, según anunció el conferencia de prensa celebrada el pasado mes de noviembre, con un quebranto para el banco evaluado, en 5.000 millones de pesetas.

Sin embargo, es bastante probable que la admisión a trámite de la querella criminal en la parte referente a falsedad en documento y usura, impida la ejecución de los bienes de los Coca, demandada civilmente por el banco, por valor de unos 15.000 millones de pesetas. Previamente, Banesto envió un documento notarial a los Coca requiriéndoles el pago de una póliza de crédito vencida por valor de 11.290 millones de pesetas.