Los accionistas del Banco Condal reclaman el pago de las acciones expropiadas
La Comunidad de Accionistas Expropiados del Banco Condal ha hecho pública su protesta por no haber cobrado ninguna cantidad por sus acciones de la entidad que perteneció al grupo Rumasa. La Comunidad de, Accionistas se formó para reivindicar los derechos de los accionistas externos al grupo Rumasa, después de la expropiación decretada hace tres años y medio.
Mientras que la Administración ha valorado el precio de estas acciones en cero pesetas los accionistas consideran que deberían cobrarlas a 3.164,33 pesetas, litigio que debería haber zanjado el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Madrid hace nueve meses, según han manifestado el presidente del comité de representantes de la Comunidad de Accionistas Expropiados del Banco Condal, Pedro Rovira Ausás y el letrado Tomás Gui Mori de Barcelona.Los accionistas externos al grupo Rumasa en el Banco Condal eran.2.685 personas titulares, en conjunto, de 364.852 acciones, con una inversión promedio de 339.500 pesetas, equivalentes a, un promedio de 135,8 acciones por persona.
El total de las acciones del Banco Condal era de 820.480, lo que testifica que las poseídas por personas externas al grupo Rumasa representaban el 42,22% del total accionarial.
La Administración valoró el precio de las acciones expropiadas en cero pesetas, lo que motivó la presentación de un recurso al Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Madrid, en fecha del día 3 de junio de 1985, reclamando que su precio real a tenor de los balances consolidados y aprobados por el Ministerio de Hacienda, valoran sus acciones en la cifra del 120,54% de su valor nominal, más un 5% como premio de afección, de lo que resultaría la cifra final de 3.164,33 pesetas por acción.
El abogado Tomás Gui hace constar que la Administración no ha cumplido ninguno de los plazos previstos por la Ley para aceptar o rechazar la hoja de aprecio de los accionistas, que debería haberse hecho en el término de un mes, o para formular su propia valoración, que está establecido en cinco meses. Esta valoración se produjo con tres meses de retraso sobre el plazo legal.
