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Telefónica condiciona su participación en el proyecto de fusión entre ITT y CGE

La participación de la Compañía Telefónica Nacional de España (CTNE) en el hohding europeo de telecomunicaciones Eurotel no es todavía segura, pese a que la empresa española se ha comprometido, mediante un acuerdo de intenciones, a tomar una participación del 7% de Eurotel, con una inversión de 40.000 millones de pesetas. Tanto Economía como Telefónica han modificado sus posturas iniciales, pasando de un neto apoyo al proyecto, surgido a consecuencia de la fusión entre la empresa francesa nacionalizada Compagnie Générale d'Electricité (CGE) y la ITT estadounidense, a una situación de "escepticismo".

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Un problema de un billón de dólares

Actualmente, los expertos de Telefónica están elaborando el estudio de viabilidad de su participación en este proyecto, que podrá estar concluido a finales de este mes de septiembre. Una vez estudiado este plan, el Gobierno autorizará o denegará la participación de Telefónica en el proyecto.Las reticencias de Economía siguen centradas en la complejidad que encierra la fuerte inversión financiera exigida en la operación -concretamente 300 millones de dólares en capital-, aunque fuentes de Telefónica aseguran que "después de haber mantenido varias reuniones con los bancos que operan con la empresa ya existe un prediseño de la ingeniería financiera a que obliga esta operación, aunque todavía no se puede desvelar su alcance".

La modificación de la postura inicial de Telefónica -"ahora estamos a la espera de que nos convezcan", aseguran fuentes de la empresa- se debe a los cambios que ha experimentado el proyecto desde sus planteamientos primeros. Aunque no se esgrima como factor determinante, el cambio que se ha producido este verano en los porcentajes de participación mayoritarios en Eurotel podría ser aprovechado por Telefónica para justificar su descuelgue definitivo del proyecto, "por modificación de los acuerdos". Con el mencionado cambio, la CGE se ha comprometido a tomar una participación en el holding europeo de telecomunicaciones del 60%, en lugar del 70% anterior (Telefónica debería suscribir un 10% de ese total)-, e ITT se quedaría con el 40% con un derecho por parte de la sociedad francesa para comprar el 10% restante.

Aunque oficialmente Telefónica ha ratificado a lo largo de las reuniones mantenidas con los franceses este verano su interés en el proyecto, los negociadores españoles han lanzado el mensaje de que la participación se condicionará al cumplimiento de tres puntos básicos. El primero de ellos es que Telefónica sólo participará en Eurotel si se trata de un proyecto europeo y no sólo francés. La participación en el proyecto de la Société Général de Belgique (SGB) -se ha comprometido a tomar un 10% de la participación que corresponde a CGE-, auspiciada por el antiguo comisiario europeo Etienne D'Avignon, no supondría, según los negociadores españoles, que el proyecto perdiera su carácter francés.

El segundo requisito, que junto con el anterior tienen carácter de Estado, es que la participación de Telefónica debería suponer la venta a Eurotel del 21% de las acciones que tiene de la filial de ITT Standard Eléctrica, así como de su participación en Marconi. En el próximo mes de octubre está previsto que se inicien las negociaciones para intentar alcanzar un segundo plan de reconversión para ambas empresas españolas, uno de cuyos aspectos más espinoso es el de la reducción de plantillas, que podría afectar, según los expertos del sector, a unos 5.000 trabajadores. Junto a estos dos requisitos, los negociadores españoles han planteado la necesidad de que Telefónica tenga en la nueva sociedad europea un peso específico mayor al que le correspondería por su mera participación accionarial. Telefónica justifica su petición en el hecho de que de los socios que se han comprometido, solamente la empresa española es operadora, mientras que Alcatel, del grupo CGE, es productota, y la SGB belga es exclusivamente financiera. La nueva postura de Telefónica ha originado un cambio en la estrategia de los negociadores franceses. Concretamente, el próximo día 11 viajará a España el ministro delegado de Telecomunicaciones francés, Gerard Longuet, para tratar este asunto, y también a lo largo del mes de septiembre se espera la visita de Pierre Suard, presidente de CGE-Alcatel.

Precisamente, la decisión del Gobierno francés de destituir al anterior presidente de CGE-Alcatel, George Pebereau (quien firmó el acuerdo de fusión de la empresa gala con el presidente de ITT, Rand Araskog), así como la decisión de reprivatizar el consorcio de telecomunicaciones francés, ha sido considerada por los negociadores españoles como un cambio sustancial de los planteamientos de este proyecto. Por otra parte, todavía quedan por negociar algunos aspectos globales de la operación, como es el de la financión de los costes de reestructuración de Eurotel, que alcanzarían los 600 millones de dólares, según el plan de viabilidad que se ha elaborado este verano. A esta cantidad habría que añadir otros 250 millónes de dólares, que se engloban en una partida de "complementos".

Ampliación de capital

La solución que parece más avanzada, y que previsiblemente será explicada a Telefónica en las visitas que recibirá este mes, es la de aprobar una ampliación de capital de 700 millones de dólares para todo el grupo, de los que Telefónica debería suscribir unos 50 millones de dólares, unos 6.700 millones de pesetas. De llevarse a cabo esta ampliación, previsiblemente en 1987, y si finalmente Telefónica participa en el proyecto, la empresa española debería afrontar un desembolso global de cerca de 47.000 millones de pesetas.

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