Ruiz-Mateos tiene 15 días para pagar 300 millones de fianza o volver a la cárcel

El juez Alfonso Barcala, del Juzgado Central número 3 de la Audiencia Nacional, notificó en la mañana de ayer a José María Ruiz-Mateos el auto por el que la Sección Primera de lo Penal le concedió la libertad provisional, bajo fianza de 300 millones de pesetas. El empresario tiene ahora 15 días para pagar la fianza o, en caso contrario, volver a la prisión de Alcalá-Meco.Tras serle notificado el auto, Ruiz-Mateos volvió a manifestar su intención de no hacer efectivo el importe de la fianza y, por tanto, volver a la cárcel. En el entorno del empresario jerezano, la cuestión de la fianza está levantando ampollas, hasta el punto de que el tema puede suponer la aparición de la primera crisis seria entre Ruiz-Mateos y su actual equipo de abogados. Éstos, encabezados por Ramón Pelayo, opinan que el empresario debe pagar la fianza, dejando de lado el efecto imagen que ello supondría para un hombre que sigue declarando, en la última tanda de entrevistas aparecidas en publicaciones semanales, que "no tiene un duro".

De cualquier forma, la sentencia de Barcala se refería a la presentación de avales suficientes por la mencionada cantidad, no a la inmovilización de 300 millones en metálico, lo que abre la puerta a una multiplicidad de combinaciones en las cuales podrían participar las ofertas de ayuda que al parecer ha recibido el empresario.

El 20 de febrero pasado, el juez Luis Lerga dictó un auto concediendo al empresario la libertad bajo fianza de 300 millones de pesetas. Tanto los fiscales como la defensa recurrieron el citado auto: los primeros, oponiéndose a la libertad provisional, y los segundos, por considerar desorbitada la cuantía de la fianza. El pasado día 13 de mayo, la Audiencia Nacional desestimó ambos recursos mediante el auto que ayer fue notificado al ex presidente de Rumasa.

Por otra parte, el fiscal jefe de la Audiencia Territorial de Madrid, Fernando Jiménez Lablanca, ha presentado una querella contra Ramón Pelayo, por si las declaraciones de éste sobre el Tribunal Constitucional, en las que mostraba su extrañeza por la tardanza del fallo sobre la inconstitucionalídad de la expropiación, pudieran ser constitutivas del delito de injurias, informa Europa Press.