Un diputado del PC pide la acción fiscal contra tres jueces del Supremo

El diputado comunista Fernando Pérez Royo solicitó ayer a la Diputación Permanente del Congreso que inste al Gobierno la actuación del fiscal general del Estado contra los tres magistrados del Tribunal Supremo -José Hijas, Fernando Cotta y Antonio Huerta- que votaron afirmativamente en la sentencia absolutoria de los también magistrados Jaime Rodríguez Hermida y Ricardo Varón Cobos, juzgados por el caso Bardellino. Pérez Royo considera que en la citada sentencia existen indicios del delito de prevaricación (dictar a sabiendas resolución injusta), por incongruencia entre los hechos probados y el fallo absolutorio.

El diputado comunista Pérez Royo solicitó ayer a la Diputación Permanente del Congreso [órgano que vela por los poderes de las Cámara baja cuando, como ahora, se encuentra disuelta] que inste al Gobierno para que dé instrucciones al fiscal general del Estado sobre la posible responsabilidad criminal de dichos magistrados. A preguntas de este periódico sobre las responsabilidades concretas de la conducta de los tres magistrados citados, Pérez Royo declaró que "existen indicios de actuaciones irregulares que podrían incurrir en el delito de prevaricación, por la incoherencia entre los hechos probados en la vista oral y el fallo absolutorio de la mayoría de la sala".El presidente de la Diputación Permanente, Gregorio Peces-Barba, no quiso opinar sobre la viabilidad de la iniciativa parlamentaria de Pérez Royo. En caso de que la mayoría socialista la tramitara y la aprobara, el fiscal general del Estado tendría que decidir sobre su viabilidad y procedencia, una vez oída la Junta de Fiscales del Tribunal Supremo.

Pérez Royo recordó que "las diputaciones permanentes, según la Constitución, tienen la función de velar por los poderes de las cámaras, y la del Congreso no puede quedarse callada ante un asunto que está comentando toda la opinión pública y que ha producido indignación en numerosos ciudadanos". El miembro de la Diputación Permanente del Congreso añadió que su iniciativa está motivada por el deseo de "preservar el prestigio de la gran mayoría de los magistrados españoles".

Por su parte, el Grupo de Abogados Jóvenes de Madrid expresó ayer su opinión "muy negativa" sobre la sentencia, que muestra, según dicen, la reticencia de los magistrados a condenar a sus compañeros, en perjuicio del principio de igualdad ante la ley.

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