Sanción a 12 policías destinados en Pamplona, por existir indicios de que actuaron como 'incontrolados'

La Dirección General de la Policía decidió ayer suspender en sus funciones a tres inspectores de policía y apartar del servicio a otros nueve -todos ellos miembros de la Brigada de Información de Navarra-, al existir indicios de que intervinieron como elementos incontrolados en la noche del pasado miércoles por varias calles de Pamplona, según informó la Delegación del Gobierno en Navarra. La actuación incontrolada de los policías coincidió con la huelga general y diversos incidentes que ese día se registraron por la muerte de Mikel Zabaltza.

Los agentes, de acuerdo con los datos facilitados por fuentes oficiales, golpearon con palos, cadenas y otros objetos a personas, entre ellas una mujer joven, que se habían refugiado en portales de céntricas calles de Pamplona ante actuaciones de la Policía Nacional contra jóvenes que participaban en saltos o manifestaciones no permitidas. Los policías utilizaron en sus irregulares actuaciones tres vehículos oficiales camuflados.

Varios testigos de los hechos, entre los que se encontraban periodistas, se apercibieron, hacia las 20.00 horas, de la presencia de tres vehículos que circulaban muy despacio por las proximidades de los lugares en que se producían enfrentamientos entre manifestantes y efectivos de la Policía Nacional, concretamente en el casco viejo de la capital navarra. Los ocupantes de esos tres vehículos bajaron en ocasiones de los turismos y golpearon con palos y cadenas a los manifestantes en los portales en que se habían refugiado.

La actuación de los elementos incontrolados se repitió, de acuerdo con las fuentes informantes, en varios barrios de la ciudad y en el centro de Pamplona, principalmente, aunque también llegaron a intervenir en poblaciones muy próximas a Pamplona, como Burlada. Los autores de estos incidentes, según descripción de los testigos, fueron personas con edades superiores a los 30 años.

Testigos presenciales

Alguno de los testigos se puso en contacto con la Delegación del Gobierno en Navarra y facilitó las matrículas de los automóviles en los que circulaban los incontrolados. Los automóviles eran un Seat 131 Supermiraflori, de color naranja metalizado, matrícula NA-2319-L; un Citroen GS, de color gris, matrícula NA6233-L, y en un Ford Escort, de color gris metalizado, matrícula NA-6235-L.Según una nota difundida en la tarde de ayer por la Delegación del Gobierno, inmediatamente se ordenó la identificación de los coches, que resultaron pertenecer a la Jefatura Superior de Policía de Pamplona. El delegado del Gobierno en Navarra, Luis Roldán, quien prefirió no facilitar la identidad de los policías hasta que se determine las responsabilidad de cada uno en los hechos, ordenó esa misma noche la comparecencia de los integrantes de dichos vehículos en la comisaría de Pamplona y la retirada del servicio de los ocupantes. El delegado del Gobierno también inició una investigación sobre lo ocurrido el pasado miércoles.

Todos los inspectores sancionados están adscritos a la Brigada de Información o antiterrorista, y la mayoría de ellos fueron colaboradores de Manuel Ballesteros cuando éste, de 1980 a 1982, estaba al frente de la Comisaría General de Información y era el máximo responsable de la lucha antiterrorista. Uno de los policías sancionados, igualmente, fue objeto hace varios meses de una investigación por estar presuntamente implicado en malos tratos infligidos a un detenido, natural de Ezpeleta (Navarra), tras ser conducido por policías a un monte de Navarra.

Para esclarecer los acontecimientos ocurridos en la capital navarra, ayer se recabó la presencia de los periodistas testigos presenciales de estos hechos, quienes se ratificaron en su testimonio. Los periodistas conversaron telefónicamente también con el director general de la policía, Rafael del Río.

A la vista de todas estas informaciones y de las declaraciones de los distintos testigos, no sólo se han producido las citadas sanciones, sino que también se ha abierto una información para determinar la posible responsabilidad del jefe de la brigada a la que pertenecen los funcionarios sancionados.

Tanto la Delegación del Gobierno como la Dirección de la Policía manifestaron ayer su propósito de esclarecer totalmente las circunstancias acaecidas y exigir las responsabilidades administrativas y penales, si las hubiere. Hasta última hora de la tarde de ayer, ninguna persona había presentado denuncia alguna ante los tribunales por lo ocurrido.