Alianza Popular solicita a los jueces el procesamiento del director de la Policía por el espionaje político

Alianza Popular (AP), en sus recursos de reforma y apelación -ambos presentados en el mismo escrito- contra el archivo del sumario sobre el espionaje político, solicita a la Audiencia Provincial que procese al director general de la Policía, Rafael del Río, ya que ha reconocido que la policía realiza información interna sobre los partidos políticos. En los recursos, AP solicita también que Del Río aclare ante los jueces si en este aspecto actuaba por cuenta propia o siguiendo instrucciones del ministro del Interior, José Barrionuevo.

En las argumentaciones contenidas en ambos recursos, AP recuerda que José María Vázquez Honrubia, juez instructor del sumario sobre el espionaje político, ha reconocido en su auto de archivo del sumario que hay "indicios de responsabilidad criminal en funcionarios y jerarquías policiales"; ya que el juez considera probada la existencia de "una verdadera infraestructura (policial) de información de las actividades de AP". Por ello, el partido conservador pide en su recurso que se procese a quienes se han declarado autores de tales hechos, incluido el director general de la Policía.

Contra subordinados

Precisamente, el juez no recomendaba el procesamiento de funcionarios o jefes de la policía, por entender que si el Tribunal Supremo -en un auto emitido el pasado mes de julio- había señalado que no había indicios de criminalidad en la actuación del ministro del Interior, tampoco puede haber tales indicios en las actuaciones de los subordinados del ministro.

Por el contrario, AP entiende que con el razonamiento del juez "se consagra la impunidad" del espionaje político, por lo que deben ser procesadas las personas sobre las que existen pruebas de haber participado en dicho espionaje "hasta llegar al escalón jerárquico en el que supuestamente se rompe la responsabilidad", según explicó ayer Alberto Ruiz Gallardón, abogado de AP.

En este sentido, AP propone que, si Del Río responde que actuaba por indicación de Barrionuevo, los jueces deberán poner de nuevo el caso en manos de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, a la que compete el posible procesamiento de los miembros del Gobierno.

Además de estos recursos, AP prevé presentar en las Cortes una proposición de ley para modificar el Código Penal en el sentido de que el espionaje policial a los partidos es absolutamente ilegal y una interpelación para determinar la responsabilidad política de lo ocurrido.

Por su parte, el Partido Comunista de España (PCE) y el Partido Demócrata Popular (PDP) también presentaron sus correspondientes recursos ante Vázquez Honrubia contra la decisión de éste de archivar el caso.

En ambos casos se contienen razonamientos jurídicos similares a los de AP y se indica que el juez, por haber decidido archivar el sumario, a la vez que comunicó a los dos partidos que actuasen como querellantes junto a AP no practicó las pruebas que le fueron solicitadas, por lo que el PCE y el PDP señalan que han sido víctimas de una clara indefensión.

Decisión de la Audiencia

Entre estas pruebas, por parte del PCE, figuran la inclusión en el sumario sobre el espionaje de un documento de la Comisaría General de Información titulado Sobre la situación actual del PCE, documento que figura dentro de otro sumario judicial seguido en el Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid contra el inspector de policía Juan José Medina, acusado de sustraer informes policiales.

El PCE también solicita que declaren ante el juez el propio Medina y los comisarios Alberto Elías, jefe de la Brigada de Interior, y Antonio Piqueras, secretario general de la Comisaría General de Información.

En los casos de los tres partidos, los recursos de reforma -ante el juez Vázquez Honrubia- y de apelación -que deben ser cursados ante la Audiencia Provincial- se han presentado con idénticos textos, pues son, subsidiarios; es decir, que si, como es probable, son rechazados los primeros, el juez debe elevarlos automáticamente a la Audiencia Provincial.