La organización de ingenieros, amenazada de expulsión de los sindicatos británicos

La Trades Union Congress (TUC), confederación de los sindicatos británicos, comenzó ayer en Blackpool su 17 congreso marcado por la amenaza de la escisión. A la reunión asisten 1.500 delegados de 90 organizaciones sindicales diferentes, que agrupan a un total de 10 millones de trabajadores.El congreso se pronunciará sobre la expulsión temporal de la segunda organización más importante de la organización, el sindicato de los técnicos e ingenieros, acusado de haber aceptado fondos gubernamentales (1,2 millones de libras esterlinas, unos 273 millones de pesetas) para organizar por correo una consulta a sus afiliados.

Se trata del primer enfrentamiento directo que se produce en el seno del movimiento obrero británico en lo que va de siglo. Una nueva legislación obliga a los sindicatos a consultar mediante voto secreto a sus bases antes de iniciar una huelga.

Los dirigentes de la TUC estiman que la nueva normativa, aprobada por el Gobierno Thatcher y que introduce modificaciones en las relaciones entre el sindicato y sus afiliados, puede comprometer la independencia del movimiento sindical británico.

La crisis refleja una profunda división en la TUC sobre cómo adaptarse a la nueva legislación. Algunos sectores han indicado que la ley debe ser retirada, a la vez que señalan que tras seis años de thatcherismo el paro ha aumentado alarmantemente, mientras que ha bajado el índice de afiliación en unos 2,4 millones de trabajadores.

La decisión que pueda adoptarse sobre el sindicato de ingenieros ha dividido profundamente a la organización obrera británica. Norman Willis, secretario general de la Trade Unions, y presidente de este congreso, calificó la situación como "muy seria", aunque añadió que "nadie quería ver fuera de la TUC al sindicato de ingenieros". En este sentido, el secretario general del sindicato de electricistas anunció el pasado domingo que su organización podría abandonar el congresom y posiblemente la TUC si era expulsado el sindicato de ingenieros.

Otro motivo de polémica:se encuentra en la postura del sinditato de mineros que exige que los trabajadores condenados por actos de violencia durante la huelga del pasado año sean amnistiados y las multas y las sanciones impuestas sean reintegradas.

Unos 500 manifestantes, la mayoría mineros y militantes de la extrema izquierda, pidieron a los congresistas que no colaboren con el Gobierno conservador.

Las subvenciones de los Gobiernos a los sindicatos son objeto de polémica en todo el mundo. En España se reparten con cargo a los Presupuestos Generales unos 1.000 millones de pesetas a las organizaciones obreras.