El fraude de los certificados para librarse de la 'mili' pasa a los tribunales castrenses

La Sala de Competencias del Tribunal Supremo ha dictaminado que el fraude descubierto el pasado verano en Barcelona por la falsificación de certificados médicos para eludir el servicio militar debe ser juzgado por tribunales militares y no por el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona que reclamó su competencia sobre el caso el 30 de junio del pasado año.

Al menos un civil empleado de banca y tres militares se encuentran implicados en las falsificaciones, que, según fuentes-próximas a la investigación, pueden haber alcanzado la cifra de 2.000.Según fuentes relacionadas con el caso, el Tribunal Supremo ha considerado que el delito descubierto "afecta al buen régimen de las Fuerzas Armadas", por lo que debe ser la jurisdicción militar la que delimite las correspondientes responsabilidades.

El fraude se descubrió casualmente en mayo del pasado año, cuando un oficial destinado en el Hospital Militar de Barcelona descubrió que tres certificados médicos supuestamente realizados por la misma persona tenían firmas totalmente diferentes. A raíz de las primeras investigaciones fue detenido Carlos Fernández Gómez, empleado en un banco de Granollers, y posteriormente el brigada Antonio Illescas y los soldados Ramón Güell y Alejandro Lázaro, destinados en el citado hospital.

Doble cohecho

En relación con este caso, el fiscal José María Mena elaboró un informe según el cual la competencia para juzgar los hechos correspondía a los tribunales civiles, ya que la actuación de un civil -Carlos Fernández Gómez- había sido Imprescindible para cometer el delito, aunque éste estuviera circunscrito al ámbito castrense.En opinión del citado fiscal, se produjeron dos presuntos delitos de cohecho: el cometido por los civiles, al pagar unas cantidades para no cumplir el servicio militar, y el cometido por los militares, al aceptar esas cantidades para ceder ante quienes efectuaron los pagos.

Los presuntos delitos y sus implicados han sido investigados estos meses por miembros del Centro Superior de Información de la Defensa (CESID) y por la Guardia Civil. En- opinión de técnicos militares, pueden plantearse problemas muy complejos con personas sobre las que pueda demostrarse que se libraron del servicio militar con certificados médicos falsos.

Un caso similar al de Barcelona se ha producido recientemente con los sucesos registrados también el pasado año en la localidad de Abena (Huesca), donde un grupo de militares simuló un fusilamiento de varias personas del pueblo, entre ellas el alcalde.

En relación con estos hechos también se produjo un conflicto de competencias entre la jurisdicción civil y la militar. El Tribunal Supremo dictaminó a finales del pasado mes de febrero que el caso debía ser juzgado en el ámbito militar.