Polémica en Barcelona sobre la legalidad de la marcha contra la ley Antiterrorista

Los convocantes de la manifestación contra la ley antiterrorista celebrada en Barcelona el pasado domingo recibieron ayer la desautorización gubernativa para hacerla. El Gobierno Civil de Barcelona comunicó a los convocantes de la manifestación que no habían cumplido las exigencias que se les habían formulado previamente para garantizar el orden de la misma. La comunicación está fechada en el pasado sábado, día 23, pero no llegó a su destino hasta ayer por la tarde, más de 24 horas después de que la manifestación se hubiera celebrado.Los manifestantes se encontraron el domingo por la mañana, en el momento de iniciar la marcha, con un cordón policial que intentaba impedirla, alegando el teniente coronel de la Policía Nacional, que se hallaba al frente de la fuerza, que la autoridad gubernativa había decidido la víspera no autorizarla. Este dato resultaba nuevo para los organizadores. Tras una larga negociación con aquel oficial, que comprobó que existía un servicio de orden, la manifestación acabó celebrándose.

El abogado Sixte Garganté, de CC OO, primer firmante de la comunicación oficial al Gobierno Civil de que iba a celebrarse la manifestación, informó a este diario que el escrito que contenía las objeciones gubernamentales a la marcha del domingo por la mañana llegó a sus manos después de las cinco de la tarde de ayer lunes. El jefe del gabinete del gobernador civil, Pere Navarro, expresó a este diario su extrañeza ante ese retraso, por cuanto este tipo de comunicaciones se suelen enviar a través de un motorista oficial y con acuse de recibo.

El domingo por la mañana, en el transcurso de las negociaciones entre el teniente coronel de la policía y los organizadores, aquél, ante las afirmaciones de que la manifestación era legal ya que no había sido prohibida expresamente, les invitó a que se pusieran en contacto con el Gobierno Civil para aclarar la situación. Garganté ha declarado a EL PAIS que efectuó varias llamadas telefónicas a dicha institución, en presencia de testigos, y que desde allí un ordenanza le indicó que no había ninguna autoridad ni persona responsable en el edificio.

Josep Antoni Rosell, jefe de prensa del gobernador civil de Barcelona, sostiene, sin embargo, que tanto Ferran Cardenal como él mismo se hallaban a aquella hora en el edificio.