El Gobierno destituye al director y al subdirector del Hospital General Penitenciario de Madrid

El director general de Instituciones Penitenciarias, Juan José Martínez Zato, destituyó ayer de sus respectivos cargos al director y al subdirector del Hospital General Penitenciario de Madrid, Antonio López Aparicio y Emiliano Martínez Torrijos, respectivamente. Estas destituciones son el resultado de la investigación a que fue sometida la dirección del centro el pasado miércoles, después de descubrirse cierto tratamiento a favor de algunos internos, entre ellos el ultraderechista José Fernández Cerrá, coautor de la matanza de Atocha, que había sido designado "preso de confianza".

La decisión ha sido bien recibida entre los funcionarios, especialmente en medios sindicales, ya que desde hace algún tiempo se habían elevado al Ministerio de Justicia algunos infomies que denunciaban graves irregularidades en la dirección del centro, entre ellas los tratos de favor que vienen recibiendo algunos presos, como es también el caso de José Luis Bruna de Quixano, condenado por el fraude multimillonario del consorcio de la Zona Franca de Barcelona.Fernández Cerrá fue designado recientemente preso de confianza, y se le asignó como destino la jefatura de servicio, donde desempeñaba funciones de auxiliar. Este nombramiento no fue incluido en las diligencias, por lo que no quedó registrado. Sin embargo, entre el funcionariado del Hospital General Penitenciario constan los trabajos encubiertos que ha venido realizando Fernández Cerrá en el centro como preso de confianza, con diferente tratamiento según el funcionario que ocupara diariamente la jefatura de servicio.

La dirección del centro ha negado, basándose en que no se encuentra registrado tal nombramiento, cualquier trato a favor hacia Fernández Cerrá, a quien, sin embargo, se permitió el pasado domingo presenciar por el segundo canal de Televisión Española la película Siete días de enero, basada en la matanza de Atocha. El hecho de permitir ver a Fernández Cerrá la película, emitida por la noche, infringe las normas penitenciarias, que prohíben cualquier actividad del recluso en horas del descanso nocturno. Fernández Cerrá protagonizó actos de exaltación fascista durante la emisión de la película, según fuentes de los funcionarios.

Fernández Cerrá, operado ayer

La investigación sobre las irregularidades observadas en tomo a Fernández Cerrá se realizaron por doble vía, sanitaria y regimental. El primer informe aconsejaba la inminente intervención quirúrgica del citado preso, motivo por el que se encontraba desde finales de mayo pasado en el Hospital General Penitenciario. Los facultativos del centro intervinieron ayer mismo al recluso, a quien le extirparon un quiste en una de sus extremidades. Fernández Cerrá, pasado el posoperatorio, será remitido de nuevo a su centro de origen, la prisión de Zamora, donde se encuentra la mayoría de los penados de extrema derecha. La inspección regimental descubrió asimismo en la celda de Femández Cerrá una botella de whisky, cuyo consumo está completamente prohibido en el interior del centro penitenciario.

Ésta es la segunda vez que se confirma el consumo de bebidas alcohólicas por parte de internos del Hospital General Penitenciario. Precisamente el pasado 27 de julio, en un informe elevado por el Sindicato Democrático de Prisiones (SDP) a la Dirección General de Instituciones Penítenciarias se denunciaba el consumo de bebidas alcohólicas por parte del ex guardia civil Emilio Enrique Durán, condenado por la muerte del joven José Félix Centenera, ocurrida el 13 de junio de 1981 en Guadalajara a la salida de una discoteca.

El informe señala que el ex guardia civil, con destino también de confianza, clasificado en tercer grado (mínimo) y que presta sus servicios en el exterior, "acostumbra a desplazarse al bar de la Guardia Civil a tomarse sus vermús, cervezas o lo que mejor venga", y añade que "en la tarde del día 24 de julio cogió una monumental borrachera, emprendiéndola a golpes con el también interno Antonio Muñoz Torres.

Continúa el informe diciendo que el agredido Antonio Muñoz Torres, clasificado también en tercer grado y con destino en el exterior, introdujo en el mes de mayo una botella de whisky en el establecimiento, aprovechando la confianza en él depositada. Muñoz Torres fue trasladado a la prisión de Alcalá de Henares, en tercer grado, y el ex guardia civil Emilio Enrique Durán, a la de Badajoz, también en tercer grado. Esta clasificación permite el régimen abierto (excarcelación temporal), del que disfruta ya Enrique Durán.

El informe del SDP se refiere asimismo a diferentes irregularidades observadas en el centro y denuncia "la arbitrariedad, dejadez y abandono por parte de algunos responsables de la gestión y dirección del Hospital General Penitenciario". En este sentido informa que José Luis Bruna de Quixano "tiene comunicaciones especiales con familiares y amigos", de las que no se hace ningún tipo de control. Igualmente, señala que en muchas ocasiones ha realizado estas llamadas desde los despachos del director y subdirector del centro.

Refiriéndose también al "trato especial" hacia Bruno de Quixano, el informe indica que "sube a cenar o a otro tipo de veladas" a la vivienda del director y redime pena como preso destinado como "auxiliar de capellanía".