La candidatura olímpica de Barcelona debe convertirse en un proyecto nacional, según los técnicos del Gobierno

Los autores del informe, presentado al Gobierno días antes de que el Consejo de Ministros diera la luz verde a la candidatura olímpica de Barcelona, parten de la base de que existen suficientes elementos objetivos para poder asegurar que la celebración de los 25º Juegos Olímpicos en Barcelona es "posible y deseable". A partir de esta afirmación los técnicos gubernamentales proponen una estrategia política, para que el proyecto pueda ser realidad que se desdobla en dos niveles: el interno (circunscrito al ámbito de la Corporación Metropolitana de Barcelona y al nacional) y el externo (incidencia sobre el Comité Olímpico Internacional, COI, y la actuación en el concierto mundial).

Las recomendaciones que se hacen en el documento presentado al secretario de Estado de Deportes, Romà Cuyàs, tienen como objetivo esencial impedir que los problemas internos entorpezcan el futuro de la candidatura. Algunos de los consejos recogidos en él han sido puesto en práctica incluso antes de que el informe fuera redactado, en el mes de febrero. Así por ejemplo, la idea de que los Juegos de Barcelona deben ser los Juegos de España fue lanzada por Pasqual Maragall en una entrevista concedida a este diario, el 15 de diciembre de 1983, al afirmar que "a partir del día 21 -fecha en que el COE aprobó el anteproyecto- la candidatura de Barcelona será la candidatura de España".

Objetivo nacional

"Los Juegos deben ser tratados como un objetivo nacional de especial importancia por su incidencia sobre la imagen de España". Esta afirmación se sustenta en los beneficios que para el país reportarán, según el informe, los juegos y que contribuirán a lograr "un mayor peso político y cultural de España". La importancia de las economías externas (el aumento del gasto nacional se calcula en 56.000 millones de pesetas), el desarrollo de modernas tecnologías, la actualización y creación de infraestructuras deportivas y la extensión de los valores pedagógicos del deporte son los elementos que hacen de los JJ OO un "objetivo nacional".El informe recomienda a los promotores de la candidatura y al Gobierno mismo, desde el momento en que la iniciativa, obtiene la luz verde del ejecutivo, que se "evite la politización y capitalización partidista de los JJ OO" y que se favorezca la participación de los diversos estamentos políticos y deportivos (las diferentes federaciones olímpicas han elaborado también sus respectivos informes sobre las posibilidades que ofrecen las instalaciones existentes para albergar las competiciones de unos Juegos). "En la medida que lo anterior quede asegurado", concluye el documento, "se hará posible que los Juegos sean plenamente asumibles y asumidos por la Institución de la Corona". En el capítulo de consejos a seguir para que la nave olímpica llegue a puerto, los autores insisten en diversas ocasiones en que "tiene que quedar para todos completamente claro que las Olimpiadas de Barcelona 1992 son las Olimpiadas de España".

El énfasis en la concepción de los Juegos como una empresa nacional se explica con diversos ejemplos recientes -"los JJ OO de Montreal fueron conocidos como los de Canadá, aunque se celebraron en el territorio de Quebec", se dice- al referirse al protagonismo reservado al Gobierno autonómico en la promoción de la candidatura. El informe recomienda que la intervención de la Generalitat sea considerada en el marco de la actuación unitaria del conjunto de administraciones.

El informe advierte del peligro de que "el protagonismo indiscutible de Barcelona no conduzca a la exclusividad insolidaria" y recomienda que la actuación sea al máximo unitaria, ponderada y responsable "intentando superar lo antes posible las contradicciones existentes". Contradicciones que no se citan expresamente en este apartado, pero a las que se hace referencia al analizar la ubicación de los escenarios olímpicos, especialmente la Villa Olímpica, y reclamar una mayor descentralización.

La incidencia sobre el Comité Olímpico Internacional (COI) y la acción diplomática constituyen los dos frentes de la estrategia internacional diseñada por los técnicos gubernamentales que estudiaron el futuro de la candidatura barcelonesa. En relación al COI, se apuntan los elementos que favorecen las aspiraciones olímpicas españolas para 1992 en las que "es preciso insistir". La primera de las circunstancias favorables a la opción española, según el informe, es el objetivo del COI de conseguir que el máximo número de países sean sedes de unos Juegos, dado que Barcelona es la cuarta vez que lo solicita sin que haya alcanzado con éxito su objetivo hasta ahora, mientras París y Estocolmo lo han conseguido ya con anterioridad.

La segunda, es la coinciencia de acontecimientos históricos previstos para el año 1992 en España (actos del 500 aniversario del descubrimiento de América, en Madrid, Exposición Universal, en Sevilla) que enmarcarían la celebración de los Juegos en Barcelona y que, a juicio de los autores, puede ser un argumento convincente ante el COI. Finalmente, se apunta que siguiendo la costumbre de alternancia de continentes, después de Los Ángeles en 1984 y Seul en 1988, los JJ OO de 1992 deberían adjudicarse a una sede europea.

Como consejo práctico para completar los efectos de "la incidencia continuada sobre el COI en donde quede clara la voluntad unánime de España en ser sede de los Juegos", el informe sugiere que se tenga en cuenta el efecto positivo que tendría para el COI el apoyo de los países iberoamericanos, del Este y árabes a la candidatura de España.

"Es necesario que el Estado, a través de todos sus medios, especialmente a nivel diplomático apoye y de cobertura política a este objetivo nacional". Esta exigencia planteada al Gobierno por sus técnicos se acompaña de una referencia al poderío del aparato diplomático de París, considerado el competidor más directo de Barcelona. De entre las gestiones a realizar, se pone especial énfasis en aprovechar las buenas relaciones existentes a nivel deportivo con la URSS. El consejo final que el informe ofrece al Gobierno es el de hacer de la candidatura de Barcelona-1992 "un planteamiento tan decidido que sea materia no negociable".